Ordenan liberar a los líderes de La Salada y se derrumba la causa de lavado de dinero

La causa por lavado de dinero contra los dueños de la megaferia La Salada de Lomas de Zamora se derrumbó y la justicia ordenó liberar a los líderes de este emprendimiento millonario, sospechado de tener protección del poder, al argumentar que no hay mérito ni para procesarlos ni para sobreseerlos.

El vuelco en la causa lo decidieron los jueces de la Cámara Federal de La Plata Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias, que criticaron con acidez la investigación que había llevado adelante la fiscal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y el juez federal Luis Armella.

El tribunal decidió revocar los procesamientos con prisión preventiva y dictar la falta de mérito para los presuntos líderes de la organización, entre ellos Jorge Omar Castillo, Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa y una veintena de familiares, empleados y profesionales.

La decisión judicial argumenta que no existen pruebas suficientes para mantenerlos procesados por los graves delitos de asociación ilícita y lavado de activos de origen delictual, por lo que el tribunal ordenó la inmediata libertad de todos los detenidos y dejó sin efecto los embargos millonarios que pesaban sobre sus patrimonios.

Los camaristas criticaron la investigación de primera instancia y concluyeron que el procesamiento dictado en julio del año pasado por Armella fue, cuanto menos, “prematuro” y carente de “autonomía suficiente”.

La fiscalía a cargo de Incardona había sostenido que en La Salada operaban dos grandes estructuras criminales independientes. Una de ellas, liderada por Jorge Omar Castillo, Aldo Presa y Antonio Corrillo Torrez, dedicada a la explotación de las ferias Punta Mogote S.C.A., Mogote Factory y Olimpo. La otra, encabezada por Enrique Esteban Antequera, regenteaba la feria Urkupiña S.A.

La fiscalía aseguraba que estas organizaciones conformaban asociaciones ilícitas estables orientadas a la venta masiva de productos con marcas falsificadas, la evasión tributaria estructural y el posterior lavado de esos dividendos espurios.

Se habló entonces de que solo en las cuentas bancarias de Punta Mogote ingresaron más de 26.000 millones de pesos entre 2021 y 2025.

Con ese flujo de dinero, los acusados habrían adquirido inmuebles de lujo, estancias y vehículos de alta gama.

Los beneficiados con la falta de mérito son Jorge Omar Castillo, Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa, Natalia Paola Luengo, Manuel Jorge Castillo, César Francisco Antequera, Alan Emmanuel Antequera, Lucas Gonzalo Antequera y Carlos Guillermo Carrión.

También fueron alcanzados por la resolución Hugo Nicolás Picca, Paula Raquel Corbo, Rubén Javier Arjovsky, María Sara Corigliano, Guadalupe Presa, María Mora Presa, Margarita Nilda Arrieta, Marcelo Jorge Fernández Zurdo, Mabel Cristina Islas, Christian Ezequiel Arrieta y David Alberto Heinze.

A raíz del caso, Armella había embargado por 750 millones de pesos a los supuestos jefes (Castillo, Corrillo Torrez y Presa), por 500 millones a los miembros principales, y por 250 millones a los partícipes secundarios.

Además, había ordenado el embargo de flotas enteras de vehículos, incluyendo camionetas Dodge Ram, VW Amarok V6 y motos BMW. Hoy, todas esas medidas cautelares se revirtieron.

Jorge Castillo, líder de la feria, planteó que Punta Mogote es una sociedad lícita registrada como empresa inmobiliaria y que resultaba fácticamente imposible controlar la mercadería de más de 2000 puestos rotativos.

Además, atacaron la acusación de lavado al indicar que la supuesta evasión fiscal precedente estaba suspendida por la adhesión a un régimen de regularización estatal.

La Defensoría Oficial, en representación de Mabel Cristina Islas, advirtió que la mujer era una empleada administrativa de la feria, que llevaba una vida humilde —viviendo en una casa heredada y pagando un auto con un plan de ahorro— en contraste con el éxito de una banda criminal multimillonaria.

El abogado Marcelo Jorge Fernández Zurdo dijo que lo incluyeron en la banda por su profesión. Otros imputados, como Rubén Arjovsky y Carlos Carrión, demostraron que cambiaban divisas y cheques de manera lícita.

Al analizar el caso, los camaristas Vallefín y Lemos Arias dijeron que los procesamientos carecían de una motivación genuina.

Sostuvieron que hubo una confusión entre comercio lícito y empresa criminal y que el juez Armella intentó probar la asociación ilícita enumerando tareas administrativas o comerciales habituales (cobro de alquileres, administración) que los imputados realizaban en la feria.

Para la Cámara, el magistrado falló al “no explicar con precisión cuál sería la actividad puntual desplegada por cada uno que escaparía al normal desarrollo comercial” para convertirse en un delito. No se probó la “mínima cohesión” ni el acuerdo para cometer delitos indeterminados.

Sobre la acusación de blanqueo de dinero, los magistrados señalaron que Armella “no ha efectuado ningún examen fundado acerca de las condiciones pormenorizadas de modo, tiempo y lugar en que habrían tenido lugar las maniobras que buscaban ingresar el dinero presuntamente ilícito al mercado formal”.

Señalaron que no hubo un delito precedente que generó divisas a lavar y que el procesamiento se limitó a listar el patrimonio de los acusados (sus autos e inmuebles) pero “sin especificar puntualmente que el dinero utilizado hubiera tenido origen en la comisión de algún delito”.

La Cámara explicó que las “afirmaciones genéricas y vagas” del expediente no alcanzan el grado de convicción necesario para procesar a nadie, pero aclaró que tampoco permiten sobreseerlos definitivamente de forma inmediata. La investigación deberá continuar.

La causa motivó el cierre de La Salada durante algunas semanas y protestas de los puesteros y clientes que se quedaron sin poder comerciar.

La Salada funciona como una megaferia donde se comercializan prendas que son compradas por comerciantes mayoristas que llegan desde todo el país en tours de compras, en micros para obtener productos más baratos y ofrecerlos en sus provincias.