Amenazas de tiroteo: Jaldo aplica “tolerancia cero” y habilita detenciones y expulsiones de alumnos

Ante la reiteración de amenazas de tiroteos detectadas en distintos establecimientos educativos de la provincia, el Gobierno de Tucumán resolvió endurecer las medidas preventivas y las sanciones para quienes resulten responsables de estos hechos.

La decisión fue impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien instruyó al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la provincia a reforzar las tareas de prevención, disuasión e intervención, tanto dentro como fuera de los establecimientos escolares. La disposición también contempla la aprehensión y expulsión de los estudiantes involucrados en actos de inconducta, con el eventual traslado de los menores al Instituto Padre Brochero, ubicado en Benjamín Paz.

Asimismo, el mandatario dejó establecido que los padres y tutores deberán responder por la conducta de los menores a su cargo. En paralelo, advirtió que las instituciones educativas, ya sean de gestión pública o privada, podrían perder subsidios o aportes estatales si incumplen con las responsabilidades de resguardo y cuidado de los alumnos.

La medida quedó formalizada este miércoles a través del Decreto N° 772/7 del Ministerio de Seguridad, encabezado por Eugenio Agüero Gamboa. En el texto oficial se hace referencia a los decretos N° 1290/1 y N° 1533/1, dictados en 2024, mediante los cuales ya se habían implementado acciones de prevención e intervención frente a episodios de violencia protagonizados por estudiantes en la vía pública.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que aquellas disposiciones permitieron preservar la seguridad pública y evitar lesiones graves o víctimas fatales, por lo que ahora se resolvió avanzar con nuevas medidas ante hechos de similares características, agravados por amenazas de bomba y de ataques armados que generaron alarma en la comunidad educativa.

En el decreto, el Gobierno remarcó la necesidad de adoptar “enérgicas medidas sancionatorias” frente a este tipo de situaciones. En ese marco, se ratificó la instrucción impartida a las fuerzas de seguridad para intervenir y trasladar a quienes alteren el orden público, generen desórdenes, protagonizen actos vandálicos o amenacen el normal desarrollo de las actividades escolares.

Por otra parte, el Ministerio de Educación fue instruido para aplicar las correcciones disciplinarias correspondientes, incluida la expulsión del sistema educativo durante el presente ciclo lectivo para aquellos alumnos que sean hallados responsables de poner en riesgo el funcionamiento de las instituciones.