El Gobierno frena una nueva expropiación y ya suma cuatro en menos de un mes

Jaldo vetó otra expropiación y ya son cuatro en menos de un mes

La delicada situación de las finanzas provinciales llevó al gobernador Osvaldo Jaldo a frenar una nueva expropiación, la cuarta en menos de un mes. En esta oportunidad, la medida se concretó mediante el veto total de una ley aprobada por la Legislatura.

A través del decreto 734/3, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto la iniciativa sancionada el pasado 26 de marzo, que declaraba de utilidad pública un terreno de aproximadamente 6,4 hectáreas ubicado en el departamento Lules.

El proyecto contemplaba la cesión gratuita del inmueble a la Asociación Civil San Isidro Rugby Club, institución que aguardaba desde 2022 la concreción de esta medida. “Estamos preocupados”, expresó el presidente del club, Celso Manzano, al referirse al impacto de la decisión.

La determinación se enmarca en una serie de medidas adoptadas recientemente por el Gobierno provincial. La semana pasada se habían publicado decretos que habilitaban a la Fiscalía de Estado, a cargo de Gilda Pedicone, a desistir de juicios vinculados a expropiaciones impulsadas en gestiones anteriores, destinadas a obras como el Centro Multimodal de Cargas de Cevil Pozo, un complejo habitacional en Los Gutiérrez y una estación transformadora en El Espinillo.

Según el argumento oficial, estos procesos judiciales estaban cerca de derivar en sentencias adversas para la Provincia, con costos que superarían los $5.000 millones solo por la adquisición de los terrenos. A esto se suma la falta de financiamiento nacional e internacional para ejecutar las obras previstas, en un contexto de caída de los recursos coparticipables.

Frente a este escenario, el Ejecutivo no solo decidió frenar las expropiaciones en curso, sino también avanzar en la recuperación de montos ya depositados, estimados en unos $2.500 millones.

En el caso puntual del predio de Lules, la iniciativa tenía antecedentes desde 2022, cuando la Legislatura había aprobado una ley impulsada por el entonces legislador Jorge Delgadino. Sin embargo, errores administrativos detectados por Catastro impidieron su aplicación.

La actual composición legislativa intentó subsanar esas inconsistencias mediante nuevos proyectos presentados por Ricardo Bussi y Mario Leito, que obtuvieron respaldo en la última sesión. No obstante, el Ejecutivo resolvió finalmente vetar la norma.

En los fundamentos del decreto, se reconoce que el destino del inmueble estaba orientado al desarrollo de actividades deportivas y sociales del club, incluso con apertura a instituciones educativas y de bien público. Sin embargo, se concluyó que el contexto económico actual hace inviable avanzar con la medida.

El terreno en cuestión figura registrado a nombre de la firma Finar SA, lo que agrega complejidad a la situación.

Desde la institución deportiva manifestaron su inquietud ante el escenario planteado. “Tenemos 250 chicos entrenando y compitiendo en el club”, señaló Manzano, quien destacó además las inversiones realizadas en infraestructura durante los últimos años.

Si bien reconoció las dificultades económicas que atraviesa la Provincia, remarcó la función social que cumple la entidad. Además, indicó que recibieron intimaciones por parte de los propietarios del terreno, aunque mantienen la expectativa de alcanzar un acuerdo que permita garantizar la continuidad del club. “Estamos abiertos a encontrar una solución, como un comodato o algún tipo de cesión”, concluyó.