Pelea entre residentes de un country por la presencia de un perro

La disputa comenzó cuando la administración del barrio privado notificó a una pareja que debía retirar a su perro en un plazo de 30 días, amparándose en una norma interna que prohíbe la tenencia de ciertas razas consideradas potencialmente peligrosas.

Frente a esta situación, los propietarios del animal presentaron una acción de amparo ante la Justicia, en la que cuestionaron la validez constitucional de esa disposición y pidieron una medida urgente para evitar que el perro fuera separado de su entorno familiar.

El caso avanzó con rapidez y el Juzgado Civil y Comercial Común de la V Nominación resolvió hacer lugar a la medida cautelar. De este modo, ordenó al country que se abstenga de tomar cualquier acción para retirar al animal —llamado Chango— hasta tanto se dicte una sentencia definitiva.

La controversia trascendió el plano meramente administrativo. En su presentación, la familia argumentó que el perro cumple un rol clave como acompañante terapéutico para uno de sus integrantes, en el marco de un tratamiento por ansiedad y depresión. Según señalaron, una eventual separación podría tener consecuencias negativas en su estado emocional.

Al analizar el caso, el juez incorporó el concepto de “familia multiespecie”, una noción jurídica en crecimiento que reconoce los vínculos afectivos entre personas y animales. En su resolución, destacó que la convivencia con mascotas puede formar parte de la vida privada y familiar protegida por la Constitución. Este enfoque refleja un cambio de paradigma: mientras tradicionalmente los animales eran considerados bienes, hoy comienzan a ser reconocidos como seres sintientes con intereses propios.

No obstante, la decisión judicial no implicó una autorización sin condiciones. El magistrado estableció una serie de medidas para garantizar la seguridad dentro del barrio. Entre ellas, dispuso que el perro permanezca dentro del domicilio con cerramientos adecuados; que circule por espacios comunes únicamente con correa y bozal; que reciba entrenamiento regular; que tenga al día su calendario de vacunación y controles veterinarios; y que cualquier incidente sea informado a la administración.

Así, la resolución buscó equilibrar el derecho de la familia a mantener al animal con las preocupaciones de los vecinos, privilegiando alternativas intermedias por sobre una expulsión definitiva.