El gobierno anunció el cierre del Instituto Roca

El Gobierno provincial oficializó una profunda reestructuración del sistema de atención a adolescentes en conflicto con la ley penal mediante el Decreto Acuerdo N° 16/4, publicado el 27 de abril en el Boletín Oficial y firmado por el gobernador junto a todo su gabinete.

La normativa plantea la necesidad de reorganizar los dispositivos existentes para adaptarlos a criterios actuales, con el objetivo de mejorar las condiciones de cuidado, atención y acompañamiento de los jóvenes. En ese sentido, el decreto remarca que el esquema vigente requiere una redefinición institucional, incluyendo al histórico centro de menores “Julio A. Roca”, al que considera parte de un sistema que debe actualizarse conforme a nuevos lineamientos.

Como eje de esta transformación, el Ejecutivo aprobó el Manual de Organización del Establecimiento Socioeducativo “San José Gabriel del Rosario Brochero – Benjamín Paz”, que depende de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Si bien este espacio había sido creado en enero mediante otro decreto, la nueva disposición formaliza su estructura interna, define su organigrama y establece las funciones de cada área.

De acuerdo con el texto oficial, la medida busca optimizar el funcionamiento del sistema mediante una mayor coherencia organizativa, una mejor distribución de competencias y una gestión más eficiente de los recursos. El nuevo establecimiento estará destinado a alojar de manera transitoria a adolescentes varones de entre 16 y 18 años con causas penales, siempre por orden judicial, con el objetivo de trabajar en su reinserción social a través de un abordaje individual y familiar.

El centro deberá garantizar atención integral, incluyendo aspectos alimentarios, sanitarios, educativos y recreativos, además de promover la reconstrucción de vínculos familiares y comunitarios. También se prevé la intervención de equipos interdisciplinarios para elaborar diagnósticos sobre la situación social de cada joven y desarrollar programas de capacitación laboral que faciliten su integración futura.

Entre sus responsabilidades, la institución deberá articular acciones con organismos públicos, organizaciones sociales y entidades privadas, realizar el seguimiento judicial de los casos y presentar informes periódicos a las autoridades.

Uno de los puntos más significativos de la medida es el cierre definitivo del Centro de Recepción y Clasificación de Menores “Julio A. Roca”, que durante décadas fue el principal espacio de alojamiento para adolescentes en conflicto con la ley en la provincia. Para concretar esta decisión, el decreto autoriza a la Secretaría de Hacienda a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias.

Desde el Gobierno sostienen que esta reforma apunta a modernizar el abordaje estatal en materia de niñez y adolescencia, incorporando un enfoque socioeducativo centrado en la restitución de derechos, el acompañamiento integral y la reinserción social de los jóvenes.