El Gobierno de Tierra del Fuego presentó una denuncia formal ante la Israel Securities Authority (ISA) contra la empresa israelí Navitas Petroleum. La acusación sostiene que la compañía habría ocultado a sus inversores los riesgos legales y geopolíticos asociados a sus planes de explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, un territorio cuya soberanía es reclamada por la Argentina.
La denuncia señala que Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration PLC planean extraer petróleo en la cuenca norte del archipiélago a partir de 2028. Según el gobierno fueguino, la empresa israelí proporcionó información "engañosa o incompleta" al mercado de valores, minimizando el hecho de que sus operaciones carecen de autorización de la República Argentina y se desarrollan en un área sometida a una controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas.
El yacimiento en cuestión, denominado "Sea Lion", posee un potencial de entre 800 y 900 millones de barriles de petróleo. La provincia busca que el regulador israelí investigue si la firma omitió informar sobre el rechazo oficial de la Cancillería argentina y las advertencias realizadas por el Presidente de la Nación el 2 de abril de 2026 respecto a medidas diplomáticas frente a actividades unilaterales en la zona.
Esta acción legal de Tierra del Fuego coloca en una situación delicada al gobierno de Javier Milei, quien ha consolidado a Israel como su principal aliado geopolítico. Mientras la administración libertaria mantiene una postura de fuerte alineamiento con el Estado de Israel, se enfrenta ahora a la realidad de que una empresa de ese país lidera un proyecto que la propia Cancillería califica como ilegal según el derecho argentino e internacional. Hasta el momento, el gobierno de Israel se ha desentendido del tema argumentando que se trata de una inversión privada.
Aunque el Gobierno nacional ha protestado formalmente, no ha tomado acciones judiciales directas contra la empresa, a diferencia de la provincia de Tierra del Fuego. Esta divergencia subraya la falta de una estrategia común entre el Ejecutivo nacional y la gobernación de Gustavo Melella, a quien desde la Casa Rosada ven como un opositor que realiza acciones para la "tribuna interna".
Para la provincia, la explotación de recursos naturales en Malvinas sin permiso es un acto ilícito que no puede ser presentado ante los mercados internacionales como una oportunidad de inversión legítima.
Expertos advierten que, de concretarse la explotación en 2028, representará un duro golpe para el reclamo de soberanía argentino, y sugieren que el país podría elevar el caso ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar frenar la inversión mediante medidas cautelares.
