Una vez más, el gobierno de Javier Milei cumplió con los condicionamientos comerciales de Estados Unidos y modificó la normativa que permitía que los laboratorios farmacéuticos de genéricos argentinos puedan usar datos de laboratorios norteamericanos para vender medicamentos más baratos.
Se hizo efectiva mediante la Resolución Conjunta 1/2026, suscrita por los Ministerios de Salud y Economía y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), organismo que a partir de ahora tendrá más facultades en la materia.
A pesar del golpe que esto provocará en la industria farmacéutica nacional, el Gobierno intentó mostrarlo como un logro. “Argentina vuelve al mundo”, celebró en sus redes sociales el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La decisión administrativa implica el fin de un marco normativo que restringía el otorgamiento de patentes en el sector salud bajo criterios específicos de examen. Esto impactará en el precio de los medicamentos.
A partir de la entrada en vigencia de esta norma, el INPI recupera la facultad de evaluar cada solicitud de forma individual, aplicando los requisitos generales de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial establecidos en la Ley de Patentes.
El funcionario destacó que “con la derogación, Argentina se alinea con los estándares internacionales de propiedad intelectual”, pero en rigor permite el acceso a fórmulas con al menos 20 años de antigüedad pero le cierra las puertas a las nuevas formulaciones de medicamentos modernos de uso reciente.
Sturzenegger también destacó que “el INPI analizará cada solicitud de patente caso por caso, conforme a la ley, sin restricciones adicionales”. Pero no aclaró que la Argentina perderá su soberanía porque, para el reconocimiento de medicamentos, aceptará procedimiento y certificaciones de la Food and Drugs Administration (FDA), de Estados Unidos.
El Gobierno sostiene que la derogación busca generar “condiciones de previsibilidad y seguridad jurídica que faciliten la introducción de innovaciones” y el bienestar general.
Y para exagerar, Sturzenegger aclaró que la derogación rige hacia adelante, lo cual implica que los productos farmacéuticos que ya están en el mercado “no se verán afectados alguna y podrán seguir comercializándose sin restricciones ni retribución”.
El Gobierno de Milei firmó en febrero un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con la administración de Donald Trump. Incluye aspectos arancelarios, normativos y de propiedad intelectual que establecen importantes concesiones en favor de Washington y sus industrias.
Entre los compromisos asumidos se encuentran la modernización del sistema de otorgamiento de patentes químicas y farmacéuticas y el acceso preferencial a “ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos tecnológicos, dispositivos médicos, automotores y una amplia gama de productos agrícolas” provenientes de los Estados Unidos.