La causa por la muerte de Karla Robles atraviesa una etapa decisiva y suma nuevos capítulos judiciales que podrían tener importantes repercusiones institucionales. Mientras avanza el proceso penal contra Diego Zerda, único imputado en el expediente, la familia de la joven anunció que también promoverá acciones legales contra funcionarios judiciales que intervinieron en las primeras etapas de la investigación.
Según confirmó Mirta Jiménez, madre de la víctima, la causa se encuentra próxima a ser elevada a juicio. Zerda permanece detenido y deberá responder ante la Justicia por los delitos de coacción, amenazas e instigación al suicidio, en un debate oral que la querella espera que se concrete luego de la feria judicial de julio.
La mujer destacó el trabajo realizado por el fiscal Pedro León Gallo, quien actualmente conduce la investigación. En ese sentido, valoró la rapidez con la que se incorporaron pruebas y pericias que permitieron avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
Sin embargo, la estrategia judicial de la familia no se limita al juzgamiento del acusado. La madre de Karla adelantó que impulsará nuevas presentaciones contra quienes tuvieron intervención previa en el expediente y que, a su criterio, no actuaron con la diligencia necesaria ante las denuncias realizadas.
Mirta Jiménez sostuvo que iniciará demandas contra el fiscal Augusto Zapata y la secretaria Florencia González, a quienes responsabiliza por haber desestimado reiteradamente las denuncias efectuadas antes de la muerte de su hija.
De acuerdo con su relato, las advertencias realizadas sobre la situación que atravesaba Karla no fueron debidamente atendidas. La mujer aseguró que las presentaciones fueron archivadas y que las alertas respecto de los riesgos que enfrentaba la joven fueron minimizadas por los funcionarios que tenían a cargo la investigación.
La querella prevé presentar una denuncia por presunto abandono de persona, al considerar que existían elementos suficientes para intervenir y adoptar medidas de protección. Según señalaron, incluso el abogado que representaba a la familia había advertido sobre la peligrosidad del acusado y el riesgo que corría la víctima.
La decisión de avanzar judicialmente contra funcionarios del sistema judicial implica también un fuerte cuestionamiento al funcionamiento de organismos estatales. En ese contexto, Mirta Jiménez manifestó que buscará que se determinen responsabilidades más allá del caso particular y que se investigue el accionar de quienes tenían la obligación de actuar ante las denuncias presentadas.
Además, expresó duras críticas hacia distintos sectores del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, al considerar que existieron falencias que contribuyeron a que la situación no fuera atendida oportunamente.
La madre de Karla también cuestionó la falta de avances en diversos pedidos de juicio político vinculados a integrantes del sistema judicial provincial y afirmó que continuará impulsando medidas legales con el objetivo de que el caso genere cambios institucionales y siente un precedente para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
Mientras la causa se encamina hacia el juicio oral, la familia de la joven sostiene su reclamo de justicia y busca que se esclarezcan tanto las responsabilidades penales del acusado como las eventuales omisiones de quienes intervinieron previamente en el expediente.
