La Justicia Federal de Tucumán resolvió procesar a ocho personas señaladas por su presunta participación en una organización dedicada al tráfico internacional de armas. De acuerdo con la investigación, el grupo utilizaba mecanismos del mercado legal para blanquear la procedencia de pistolas y fusiles que posteriormente eran enviados de manera clandestina hacia Chile.
Entre los acusados se encuentran tres trabajadores de una armería, un proveedor de armamento, intermediarios y varios “usuarios legítimos” que, según la pesquisa, prestaban sus identidades para concretar las operaciones.
La causa, impulsada por el fiscal Agustín Chit, permitió reconstruir un sistema de triangulación destinado a otorgar apariencia legal a la adquisición de armas. La organización reclutaba personas habilitadas para la tenencia de armamento y registraba las compras a su nombre. Sin embargo, una vez completada la documentación exigida, las armas quedaban en poder de la red que se encargaba de su traslado ilegal.
Los investigadores sostienen que empleados de la armería involucrada habrían agilizado los trámites mediante la falsificación de firmas y el uso de documentación adulterada. Uno de los hallazgos más llamativos surgió durante las pericias, cuando se detectó que una de las pistolas secuestradas figuraba registrada a nombre de una persona fallecida en 2020, varios años antes de la operación consignada en los registros.
La investigación tuvo un punto de inflexión en diciembre de 2023. En un control realizado por Gendarmería Nacional sobre un ómnibus en la localidad de La Invernada, dos ciudadanos chilenos fueron sorprendidos transportando ocho pistolas de distintos calibres —9 milímetros, .40 y .45— ocultas entre sus pertenencias.
A partir del análisis de los teléfonos celulares secuestrados y de la información aportada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), los investigadores determinaron que esas armas habían sido adquiridas en Tucumán pocos días antes del procedimiento.
El expediente tucumano está relacionado con una investigación de mayor alcance que se desarrolla en Mendoza y que tiene a 34 personas próximas a ser juzgadas. Según la hipótesis judicial, Tucumán cumplía un rol estratégico como punto de compra y provisión de armamento.
Las armas eran adquiridas en la provincia, trasladadas por vía terrestre y luego ingresadas a Chile, principalmente a través del paso internacional Cristo Redentor.
Si bien el juez federal José Manuel Díaz Vélez dispuso el procesamiento de los imputados, decidió no ordenar sus detenciones preventivas. No obstante, impuso embargos que alcanzan los 12 millones de pesos y les prohibió salir del país mientras avanza la causa.
