La disputa generada por el vaciamiento de los depósitos ubicados en el subsuelo del Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán sumó un nuevo episodio de fuerte impacto institucional. El secretario de Cámara, Hugo del Sueldo Padilla, presentó una denuncia penal contra los jueces subrogantes del organismo al sostener que, durante un operativo de limpieza realizado en mayo, se retiraron e incluso se destruyeron elementos secuestrados que estaban vinculados a expedientes judiciales aún vigentes.
Según la presentación, las tareas habrían incluido el descarte de pruebas, armas y otros objetos incorporados a causas en trámite, sin que se respetaran los mecanismos legales previstos para su custodia y preservación. La denuncia advierte que algunos de esos elementos estaban relacionados con procesos que todavía no habían concluido, lo que podría derivar en una de las controversias más delicadas que atravesó la Justicia Federal tucumana en los últimos años.
El escrito fue presentado el 12 de junio ante el fiscal federal Agustín Chit y reconstruye una serie de hechos que, de acuerdo con el denunciante, comenzaron a principios de mayo, cuando la jueza Cristina Giordano asumió funciones como magistrada subrogante del TOF.
Del Sueldo Padilla relató que el 11 de mayo fue convocado por los jueces subrogantes Ana Carina Farías, Federico Bothamley y Giordano para explicar por qué había impedido previamente que efectivos de Gendarmería Nacional retiraran material secuestrado almacenado en el edificio judicial. Según señaló, se opuso a esa medida porque entendía que carecía de sustento legal y que podía afectar la integridad de los elementos bajo custodia.
A partir de ese momento, sostiene, comenzó un procedimiento que terminó con el retiro masivo de bienes resguardados durante décadas en los depósitos del inmueble ubicado en la esquina de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco.
El secretario indicó que desde hace 33 años tiene a su cargo la guarda de los secuestros judiciales que ingresan al tribunal y explicó que cada objeto era identificado, inventariado y conservado bajo protocolos destinados a garantizar su disponibilidad para los juicios correspondientes.
Asimismo, afirmó que durante una inspección realizada en los subsuelos advirtió personalmente a Giordano que allí se encontraban elementos pertenecientes a causas que continuaban abiertas, expedientes con sentencias aún no firmes y procesos pendientes por la existencia de imputados prófugos o declarados rebeldes.
Siempre según su versión, la magistrada le respondió que no debía preocuparse porque la situación sería manejada por los jueces. Luego, le solicitó las llaves de los distintos espacios de almacenamiento. Del Sueldo Padilla aseguró que entregó todas, excepto la correspondiente a un sector donde se conserva documentación relacionada con la causa que involucra al ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Juan Alberto Cerisola, entre ella pericias técnicas incorporadas al expediente.
Ese mismo día comenzó el operativo. Camiones de Gendarmería Nacional llegaron al edificio mientras empleados judiciales recibían instrucciones para clasificar y separar distintos elementos almacenados. De acuerdo con la denuncia, la medida inicialmente comprendía secuestros correspondientes a causas anteriores a marzo de 2020, aunque posteriormente se amplió hasta abarcar la totalidad del material guardado en el subsuelo.
El alcance de la intervención generó inquietud entre trabajadores del tribunal. Del Sueldo Padilla sostuvo que varios empleados le enviaron fotografías y mensajes para informarle sobre las tareas que se estaban realizando. Según afirmó, numerosos objetos destinados al descarte o destrucción estaban correctamente identificados y se encontraban en condiciones adecuadas de conservación.
En su presentación judicial, el funcionario aseguró que muchos trabajadores manifestaron preocupación por las órdenes impartidas durante el procedimiento, al considerar que entre los elementos retirados había material relevante para causas que aún permanecían abiertas o pendientes de resolución.
