La Justicia reconoció los fusilamientos de José León Suárez como delitos de lesa humanidad (video)

La Justicia Federal de San Martín dictó un fallo histórico al determinar la responsabilidad del Estado en los fusilamientos de José León Suárez y definirlos como delitos de lesa humanidad.

La resolución concluyó que las detenciones y ejecuciones realizadas tras el levantamiento encabezado por el general Juan José Valle, en junio de 1956, formaron parte de un operativo ilegal organizado desde las más altas esferas del gobierno de facto que encabezaban Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas.

La sentencia fue emitida en el marco del denominado Juicio por la Verdad, una instancia que permitió reconstruir judicialmente los hechos pese a que todos los responsables directos ya fallecieron. Durante las audiencias también participaron familiares de las víctimas, algunos de los cuales brindaron testimonio por primera vez ante la Justicia, acompañados por equipos especializados en asistencia y contención.

El tribunal tuvo por probado que efectivos policiales irrumpieron de manera ilegal en una vivienda de la localidad bonaerense de Florida durante la madrugada del 10 de junio de 1956. Doce personas fueron detenidas y trasladadas primero a una dependencia policial y luego a un descampado de José León Suárez, donde se concretaron los fusilamientos.

Como consecuencia de aquel operativo murieron Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión. Otros siete detenidos lograron sobrevivir, entre ellos Juan Carlos Livraga, cuyo testimonio fue considerado clave para el esclarecimiento de los hechos.

La jueza calificó lo ocurrido como allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía. Además, sostuvo que, de haber estado vivos, los responsables hubieran enfrentado penas de prisión perpetua.

Histórica setencia: Masacre de José León Suárez es considerada un crimen de lesa humanidad

Al cumplirse 70 años de la Masacre de José León Suárez, el Juzgado Federal 2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence, se dió a conocer la sentencia del "juicio por la verdad" sobre este hecho que permaneció impune. 

La jueza sostuvo que si los acusados estuvieran vivos, la condena sería a prisión perpetua: Pedro Eugenio Aramburu, Isaac Francisco Rojas, Juan Constantino Quaranta, Desiderio Fernández Suárez, Rodolfo Rodríguez Moreno y el personal a su cargo son penalmente son responsables.

La masacre de la que dio cuenta Rodolfo Walsh ocurrió entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de junio de 1956. En este fusilamiento resultaron víctimas Mario Brión, Vicente Rodríguez, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti y Carlos Lizaso. Siete lograron sobrevivir a la balacera policial. Uno de ellos, Juan Carlos Livraga, aún con el rostros lleno de muerte y balazos, brindó su testimonio meses después, que resultó de vital importancia para reconstruir el episodio. 

“Que los asesinatos cometidos en los entonces basurales de José León Suárez sean reconocidos como crímenes de lesa humanidad a 70 años de lo ocurrido, para nosotros es un logro muy importante. Porque sirve para que los jóvenes sepan la verdad de lo que pasó" dijo Alicia Rodríguez, hija del asesinado Vicente Rodríguez. 

Medidas reparatorias y de memoria

Además de establecer la responsabilidad estatal, la sentencia ordenó una serie de acciones destinadas a reparar simbólicamente a las víctimas y preservar la memoria de lo ocurrido.

Entre las medidas dispuestas figura la restitución del honor y buen nombre de las doce personas alcanzadas por el operativo, la publicación del fallo en organismos oficiales y la incorporación de los hechos a contenidos educativos nacionales y bonaerenses.

También se ordenó la colocación de señalizaciones y placas recordatorias en los lugares vinculados con los hechos, así como la creación de un sitio de memoria en el predio de los antiguos basurales de José León Suárez, escenario de las ejecuciones.

La resolución dispone además que las víctimas sean incorporadas al registro oficial de personas afectadas por la violencia institucional del Estado. Los fundamentos completos del fallo serán difundidos el próximo 16 de julio.