El fiscal federal Gerardo Pollicita dispuso las últimas medidas de prueba antes de requerir al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicaciones para justificar su patrimonio. Se trata de una batería de medidas de prueba en la investigación patrimonial que involucra al funcionario y a su esposa, Bettina Angeletti, con el objetivo de reunir los elementos necesarios para evaluar la presentación de un “requerimiento de justificación patrimonial”.
Entre las medidas más relevantes, el fiscal solicitó información a las plataformas de criptomonedas Lemon Cash y Binance para reconstruir movimientos de criptoactivos realizados durante 2020 y 2021.
También requirió datos sobre alquileres vinculados al Lote 380 en Indio Cua antes de la compra del inmueble, una cuestión que busca esclarecer el origen y la trazabilidad de determinados fondos.
Además, Pollicita pidió información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para determinar si Adorni presentó durante este año declaraciones juradas rectificativas correspondientes a períodos anteriores a 2023. En paralelo, requirió explicaciones a DLP Capital Partners sobre transferencias realizadas al funcionario.
Otra de las medidas apunta a la relación de Adorni y Angeletti con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores. Para ello, el fiscal libró un requerimiento a la Universidad Abierta Interamericana (UAI) con el propósito de establecer la naturaleza de esos vínculos.
Uno de los ejes de la presentación está centrado en un extenso pedido a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), organismo al que Pollicita encomendó la elaboración de un informe integral sobre la evolución patrimonial y financiera de Adorni y Angeletti desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad.
“El informe deberá individualizar y cuantificar, con sustento en la documentación examinada, las inconsistencias que puedan advertirse, distinguiendo las partidas que cuenten con respaldo suficiente de aquellas que aparezcan parcialmente respaldadas, no puedan ser conciliadas o requieran una explicación adicional”.
Además, deberá señalar los extremos concretos que resulten necesarios esclarecer para determinar “si existe un desbalance patrimonial apreciable y contar con elementos suficientes para evaluar la eventual formulación de un requerimiento de justificación patrimonial”.
“En tal sentido, todo importe, operación, vínculo o inconsistencia deberá ser corroborado por esa Dirección mediante las constancias objetivas incorporadas a la causa. El análisis deberá presentarse tanto de manera individual respecto de cada una de las personas examinadas como en forma consolidada respecto del grupo familiar”.
El fiscal pidió que se analicen de manera conjunta “la totalidad de los elementos incorporados a la causa”, incluyendo ingresos, bienes, inversiones, créditos, deudas y gastos, con el objetivo de detectar inconsistencias y determinar si existe un eventual desbalance patrimonial.
En uno de los pasajes del requerimiento, Pollicita indicó que el informe deberá señalar “los extremos concretos que resulten necesarios esclarecer para determinar si existe un desbalance patrimonial apreciable y contar con elementos suficientes para evaluar la eventual formulación de un requerimiento de justificación patrimonial”.
La DAFI deberá reconstruir la evolución de los bienes y deudas de ambos, identificar ingresos respaldados y acreditaciones cuyo origen no pueda ser explicado, analizar gastos, consumos y movimientos financieros, comparar declaraciones juradas y sus rectificaciones, y elaborar una ecuación patrimonial anual y acumulada del grupo familiar.
Uno de los capítulos centrales del requerimiento de justificación patrimonial estará dedicado a los activos virtuales. El fiscal ordenó integrar toda la operatoria realizada en plataformas y billeteras digitales, distinguiendo depósitos, retiros, compras, ventas, intercambios y transferencias, para luego contrastar esa información con las declaraciones juradas, antecedentes bancarios y datos fiscales incorporados al expediente.
También solicitó que se determine el costo, la fecha, la forma de pago y la fuente de financiamiento de los bienes incorporados al patrimonio investigado, así como la capacidad económica de quienes hubieran otorgado préstamos u otras formas de financiamiento.
Con estas medidas, la fiscalía busca completar la reconstrucción patrimonial del funcionario y reunir evidencia suficiente para avanzar hacia una instancia formal de justificación patrimonial, la antesala de una eventual indagatoria.
