Rossana Chahla pidió controles de aptitud para quienes trabajen como cuidacoches

El debate en torno al regreso del estacionamiento medido en San Miguel de Tucumán sigue generando posiciones diversas entre funcionarios y concejales. Mientras la intendenta Rossana Chahla defendió la implementación de esta herramienta para mejorar el ordenamiento vehicular, también planteó la posibilidad de incorporar a los cuidacoches dentro del sistema, siempre que cumplan determinados requisitos de capacitación y aptitud. En paralelo, ediles de distintos espacios políticos expusieron sus propuestas para incluir a los trabajadores informales en un eventual esquema renovado.

La discusión se intensificó luego de que el Concejo Deliberante derogara la Ordenanza N.º 4.758, normativa que había permitido en su momento avanzar con la licitación y puesta en marcha del estacionamiento medido. La medida fue adoptada tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que declaró inválido el contrato de concesión firmado durante la gestión del exintendente Germán Alfaro.

Durante una actividad oficial en Overo Pozo, donde se habilitó una nueva celda de disposición final de residuos, Chahla expresó que el estacionamiento medido constituye una herramienta eficaz para mejorar la circulación urbana. Además, destacó la conveniencia de un modelo de gestión articulado entre el sector público y privado, al considerar que permite cumplir con estándares de funcionamiento más eficientes.

La jefa municipal también sostuvo que una futura normativa debería contemplar la participación de personas con discapacidad y evaluar la incorporación de cuidacoches, aunque remarcó que dicha inclusión debe estar acompañada por controles de competencias, capacitación y buen trato hacia los ciudadanos.

“Queremos generar oportunidades laborales y evitar que estas personas queden excluidas, pero al mismo tiempo debemos garantizar una atención adecuada y respeto hacia los vecinos”, señaló la intendenta, al referirse a las quejas que en algunos casos recibe el municipio por situaciones de maltrato en la vía pública.

En el ámbito legislativo municipal existe coincidencia respecto de la necesidad de analizar cuidadosamente la situación de los denominados “trapitos”, aunque varios concejales respaldan la implementación de un nuevo sistema de estacionamiento medido.

El concejal de Acción Vecinal, Cristian Abel, recordó que el esquema aplicado en 2022 produjo mejoras en la movilidad urbana y favoreció una mayor disponibilidad de espacios para estacionar. Según explicó, durante los meses en que estuvo vigente se observó una reducción en el uso indiscriminado del automóvil y una mejor organización del tránsito.

Respecto de los trabajadores informales, Abel consideró que podrían ser contemplados en circunstancias específicas, como festivales, eventos deportivos o celebraciones masivas, donde la demanda de estacionamiento suele incrementarse considerablemente. No obstante, aclaró que el alcance de esa participación dependerá de las condiciones establecidas en los futuros pliegos de licitación.

El edil también señaló que en otras ciudades del país, como Mar del Plata y Mendoza, predominan sistemas digitales que permiten gestionar el estacionamiento mediante aplicaciones o registros electrónicos, sin intervención de cuidacoches, por lo que insistió en que el modelo a adoptar dependerá de los objetivos que se definan para la ciudad.

Por su parte, el concejal oficialista Emiliano Vargas Aignasse manifestó su respaldo a un sistema de estacionamiento medido que combine modernización, ordenamiento e inclusión social. Sin embargo, cuestionó la decisión de derogar la ordenanza vigente y explicó que, a su criterio, el Departamento Ejecutivo ya contaba con una herramienta legal susceptible de mejoras a través de su reglamentación.

El edil sostuvo que el desafío principal debía centrarse en perfeccionar la normativa existente para alcanzar dos metas simultáneas: optimizar el uso del espacio público y generar oportunidades laborales para sectores vulnerables.

Desde la oposición, el radical Leandro Argañaraz reconoció la realidad del trabajo informal en Tucumán y propuso buscar mecanismos que permitan integrar a algunos cuidacoches al nuevo esquema mediante contrataciones realizadas por la empresa que eventualmente resulte concesionaria del servicio.

A su entender, estas personas poseen experiencia y conocimiento práctico sobre la actividad, aunque consideró indispensable que quienes desempeñen tareas en la vía pública cumplan requisitos mínimos de identificación, capacitación y control.

Finalmente, el concejal José María Canelada planteó una mirada más amplia sobre la problemática. Según expresó, la discusión sobre el estacionamiento no debe abordarse de manera aislada, sino como parte de una política integral de movilidad urbana y planificación de la ciudad.

Para el dirigente radical, las dificultades para encontrar lugares donde estacionar reflejan problemas estructurales que requieren soluciones de fondo. En cuanto a los cuidacoches, sostuvo que muchos atraviesan situaciones de vulnerabilidad social y remarcó la necesidad de impulsar políticas públicas que combinen inclusión, ordenamiento y cumplimiento de las normas vigentes.