La denuncia por una presunta estafa vinculada a operaciones con azúcar continúa sumando elementos. Diego Gerardo Ovejero, abogado de profesión que se presentaba como un empresario ligado a la industria azucarera y con estrechos vínculos en el sector, es señalado por haber encabezado un esquema que habría ocasionado pérdidas superiores a los $740 millones a, al menos, nueve inversores.
De acuerdo con la investigación, la maniobra habría comenzado durante 2024. La propuesta consistía en captar capitales para adquirir grandes volúmenes de azúcar a un precio que, según aseguraba, era hasta un 14% inferior al valor de mercado. Los denunciantes afirmaron que Ovejero sostenía contar con relaciones directas con los principales ingenios tucumanos y que su padre trabajaba en tareas de control de calidad, situación que le permitiría acceder al producto en condiciones preferenciales para luego comercializarlo.
Quienes aceptaban participar debían realizar aportes en pesos o dólares para financiar las operaciones. A cambio, recibían la promesa de una rentabilidad mensual de entre el 12% y el 15%, además de la devolución del capital una vez finalizado el plazo acordado.
“En un contexto económico complejo, ese nivel de rentabilidad resulta muy atractivo para quienes buscan proteger sus ahorros frente a la inflación”, explicó la abogada Candelaria Hernández, representante de uno de los damnificados.
Fuentes judiciales indicaron que los fondos habrían sido canalizados a través de las firmas Food Trading Dos SAS, Miyagi SA, El Marqués SAS y Bellamar Estancias SA. Sin embargo, las operaciones no habrían quedado debidamente registradas.
Esa circunstancia llevó al fiscal Diego López Ávila a declararse incompetente para continuar con la investigación. El funcionario entendió que existen posibles indicios de lavado de activos y evasión tributaria, delitos cuya competencia corresponde a la Justicia Federal.
Según los denunciantes, Ovejero construía una imagen pública de empresario exitoso. En sus redes sociales compartía fotografías de viajes al exterior, vehículos de alta gama y estadías en countries y en Tafí del Valle.
“Es una estrategia habitual para generar confianza. Se muestran como personas exitosas para convencer a los inversores de que el negocio es real”, sostuvo el abogado José María Molina, quien representa a otro de los denunciantes.
Los testimonios coinciden en que, durante los primeros meses, cumplió con los pagos prometidos, lo que fortaleció la credibilidad del emprendimiento y motivó el ingreso de nuevos inversores.
Para Molina, el mecanismo responde al funcionamiento de una presunta estafa piramidal. “Con el dinero que aportan los nuevos inversores se pagan las primeras obligaciones, hasta que el sistema deja de ser sostenible. No se trata de un simple incumplimiento contractual, sino de una maniobra concebida para operar de esa manera”, afirmó.
Por su parte, el abogado Ariel Lezcano sostuvo que el acusado recurría a diferentes argumentos para justificar las demoras. “Decía que las compras de azúcar se habían retrasado y enviaba fotos y videos de cargamentos para demostrar que estaba resolviendo los inconvenientes”, explicó.
Según Lezcano, Ovejero también intentó evitar acciones judiciales mediante acuerdos con algunos acreedores. Incluso habría firmado un acta ante el Ministerio Público comprometiéndose a devolver más de $280 millones a dos inversores, compromiso que, según la denuncia, nunca cumplió.
El letrado agregó que en otra oportunidad convocó a uno de sus clientes a una entidad bancaria con la promesa de entregarle el dinero correspondiente a un supuesto cobro judicial, aunque finalmente nunca se presentó. “Fue entonces cuando descubrimos que había repetido exactamente la misma situación con otras personas”, relató.
Los denunciantes señalaron además que el abogado firmó convenios ante escribanos para acordar la devolución del dinero.
“Entregaba cheques y documentación de vehículos como parte de pago, pero después se comprobó que esos valores no tenían respaldo y que los mismos bienes habían sido ofrecidos a distintos acreedores. Toda esa documentación lleva su firma”, indicó el abogado Alejandro García Biagosch.
Hasta el momento, Ovejero no fue formalmente imputado. No obstante, la causa continúa avanzando y su situación judicial se encuentra bajo análisis.
En las últimas semanas también fue objeto de una campaña de escrache en redes sociales y en Yerba Buena, donde aparecieron carteles con su fotografía y mensajes en los que lo acusan de haber perjudicado a inversores.
“Tenemos conocimiento de que esas acciones fueron impulsadas por dos personas que todavía no presentaron denuncias formales. También habrían colocado un pasacalle y realizado pintadas en las inmediaciones de la vivienda de sus padres”, indicó Lezcano.
Tras la difusión pública del caso, algunos damnificados aseguraron que el abogado incumplió nuevas reuniones pactadas para devolver el dinero, mientras que otros afirmaron haber recibido llamados de allegados al acusado con el objetivo de extender las negociaciones.
Según los representantes legales de los denunciantes, Ovejero dejó de concurrir a algunos de los lugares que frecuentaba habitualmente y bloqueó el contacto con varios acreedores.
“No tenemos dudas de que seguirán apareciendo nuevas denuncias. Muchas personas recién ahora están advirtiendo que el dinero no será reintegrado y probablemente recurran a la Justicia para intentar recuperarlo”, concluyó Hernández.
