El gobierno avanza con más de 300 desregulaciones: qué sectores serán alcanzados

El Gobierno nacional ultima un amplio proyecto de ley de desregulación impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que contempla más de 300 artículos y propone modificaciones en diversos sectores de la economía.

Se apunrta principalmente al mercado inmobiliario, la actividad farmacéutica, el régimen de comercialización del gas licuado de petróleo (GLP), la actividad librera, el sector agropecuario y el transporte marítimo y fluvial. La iniciativa también declara la emergencia pública en materia administrativa y de competencia en los mercados por un plazo de seis meses.

El borrador comenzó a circular durante el fin de semana y mantiene la estrategia legislativa utilizada en otros proyectos promovidos por Sturzenegger, como la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la Ley Hojarasca, que aún no fueron sancionadas por el Congreso. En todos los casos, el objetivo es concentrar en una única norma modificaciones sobre distintas leyes y actividades económicas.

Lo más relevante

Uno de los capítulos más relevantes apunta al mercado inmobiliario. El proyecto propone modificar el Régimen de Corretaje para desregular la compraventa de inmuebles y eliminar la obligatoriedad de la matrícula profesional. De aprobarse la iniciativa, dejaría de exigirse un título universitario para ejercer como corredor inmobiliario.

La propuesta establece que podrán desempeñarse como corredores tanto personas físicas como jurídicas y fija como únicos requisitos ser mayor de edad y contar con título secundario.

Otro de los ejes del proyecto modifica el régimen del Gas Licuado de Petróleo (GLP), utilizado principalmente en garrafas. El texto prohíbe expresamente cualquier regulación estatal sobre precios, cantidades, volúmenes, márgenes de rentabilidad, condiciones comerciales u otros aspectos ajenos a la seguridad pública.

Con esa reforma, el Estado dejaría de intervenir en la fijación de precios y en el funcionamiento comercial del mercado, limitando su actuación exclusivamente a los controles vinculados con la seguridad técnica.

Remedios

En materia farmacéutica, el Gobierno vuelve a impulsar la habilitación para que los medicamentos de venta libre puedan comercializarse no solo en farmacias, sino también en supermercados, kioscos y otros comercios autorizados.

Para los medicamentos que requieren receta médica, el proyecto mantiene la exclusividad de venta en farmacias habilitadas, aunque incorpora una regulación específica para la comercialización a través de internet y aplicaciones digitales.

La iniciativa también flexibiliza el funcionamiento de las farmacias al permitir que puedan constituirse bajo cualquier figura jurídica y definir libremente sus horarios de atención.

Otro de los cambios previstos alcanza al mercado editorial. El proyecto propone derogar la Ley de Defensa de la Actividad Librera, que actualmente establece el régimen de precio uniforme del libro mediante el cual el editor fija el precio de venta al público y limita los descuentos con el objetivo de proteger a las librerías de menor tamaño frente a la competencia de grandes cadenas.

Leyes obsoletas

Asimismo, la propuesta elimina la Ley Nº 23.316, que obliga a realizar en castellano el doblaje de películas, series, programas de televisión y publicidades extranjeras emitidas en el país. Esa norma fue creada para preservar el uso del idioma oficial y promover el trabajo de actores y locutores especializados en doblaje.

En el ámbito agropecuario, el proyecto plantea derogar la ley de arrendamientos rurales, que actualmente fija plazos mínimos y otras condiciones para los contratos de alquiler de campos.

Con ese cambio, propietarios y productores podrían acordar libremente el precio y las condiciones contractuales bajo las disposiciones generales del Código Civil y Comercial de la Nación.

También se propone eliminar el artículo 3° de la Ley Nº 13.636, que obliga a que los productos veterinarios importados comiencen a fabricarse efectivamente en Argentina dentro de los cuatro años posteriores a la obtención de su autorización provisoria o definitiva.

Vías fluviales

En cuanto al transporte marítimo y fluvial, la iniciativa habilita la participación de buques de bandera extranjera en el transporte interno, una actividad que hasta ahora se encontraba restringida. No obstante, el texto prevé una incorporación gradual de trabajadores argentinos dentro de ese proceso de apertura.

El proyecto también modifica la Ley de Navegación Nº 20.094 con el propósito de flexibilizar la contratación laboral a bordo de las embarcaciones, adaptar el marco regulatorio a nuevas actividades vinculadas con el transporte marítimo y avanzar en la digitalización de la documentación comercial.

Entre esas reformas se incorpora el reconocimiento legal de los conocimientos de embarque electrónicos, además de establecer reglas para su emisión, reemplazo y transferencia, con el objetivo de modernizar los procedimientos del comercio marítimo.