La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme hoy la destitución de Orlando Velio Stoyanoff Isas, quien se desempeñaba al frente del Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la IV Nominación del Centro Judicial Capital de Tucumán cuando quedó envuelto en un escándalo: agredió a un cadete repartidor de 20 años en medio de una discusión de tránsito.
El hecho que derivó en la expulsión de Stoyanoff Isas se remonta al 11 de junio de 2021, en Yerba Buena. Un transeúnte filmó la situación. En las imágenes se observa cómo el ahora ex juez, apodado por la prensa como el “karateca”, arrojó una patada al trabajador y tiró al suelo la moto del joven. “Está sacado”, se escucha decir al hombre que grabó la escena en el cruce de avenida Aconquija y Rubén Darío.
Tras la viralización del video, Stoyanoff Isas difundió un comunicado en el que pidió disculpas públicas a la víctima, a su familia, a la comunidad judicial y a la sociedad.
“Corresponde ofrecer disculpas, las que extiendo sin condicionantes ni potenciales. En primer término las brindo, a manos llenas, al señor Azán y su familia (a quienes no conozco), con quien penosamente vivimos los hechos referidos. Me disculpo igualmente con toda mi familia y las personas que me aprecian y conocen, pero muy especialmente con mis hijas e hijo, porque ellos se han visto innecesariamente afectados, ya que lo ocurrido no solo se difundió, sino que además ocurrió con una carga de hostilidad inusitada”, sostuvo en un escrito enviado a los medios locales.
“Ofrezco también las excusas del caso a la comunidad judicial a la que pertenezco y me debo, como asimismo a la comunidad universitaria de la que soy un activo miembro. Finalmente me excuso con la comunidad en general, al ser un funcionario constitucional”, agregó.
En su versión, Stoyanoff Isas relató que el incidente no incluyó choque alguno y que ambos intercambiaron insultos. Afirmó que el motociclista habría provocado daños en su vehículo y que su reacción, que reconoció como errónea, fue consecuencia de esa situación.
“Nada justifica la violencia, y parte de mi trabajo está íntimamente vinculada con esa triste faz del ser humano. Si no reconociera mi error, no solo me desacredito como magistrado, sino que también empaño la dedicada labor de todas las personas con quienes trabajo diariamente, y dan todo su esfuerzo”, expresó en el mismo comunicado.
A raíz del episodio, la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASIMM) presentó un pedido de juicio político en la Legislatura de Tucumán. Más tarde, se sumó también el Colegio de Abogados de Tucumán.
En noviembre de 2021, el Jurado de Enjuiciamiento resolvió la destitución del juez, señalando que su reacción evidenció “falta de cortesía, decoro y tacto” y que puso “en crisis el buen orden y la dignidad del servicio de justicia”.
La defensa de Stoyanoff Isas apeló ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, alegando que la sanción era “desproporcionada, injusta y sin razón”.
Sin embargo, el tribunal local rechazó el planteo, lo que motivó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Finalmente, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el episodio bastó para afectar la confianza pública en el acusado y en el Poder Judicial provincial.
Stoyanoff “insiste en su postura de subestimar la gravedad del hecho” sin reparar “que una conducta violenta -cuya existencia admite y por la que incluso pidió disculpas-; que generó daños -que reconoció y ofreció reparar-; y que tuvo difusión pública masiva; no puede calificarse como una falta insignificante o menor”, destacaron en la resolución.
“El recurrente no plantea controversia fáctica alguna. Admite expresamente que cometió la falta e incluso que su comportamiento fue violento y reprochable. También reconoce que pudo defenderse adecuadamente y no tuvo restricciones para ofrecer y producir prueba de descargo”, ampliaron.
Así como determinó que Stoyanoff Isas no logró acreditar la vulneración de garantías constitucionales ni la existencia de un supuesto de fuerza mayor que lo eximiera de responsabilidad por su conducta, el tribunal remarcó que la remoción de un magistrado tiene una naturaleza esencialmente política y que el proceso cumplió con los requisitos del debido proceso.
“No puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el magistrado fue imputado por cargos definidos, en base a conductas descriptas con suficiente precisión; pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y fue destituido -con sustento en los mismos hechos- por el órgano en cuyas manos la Constitución de la Provincia de Tucumán puso el ejercicio exclusivo de dicha atribución, con una integración que no ofende garantía alguna de la Constitución Nacional”, concluyeron Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti.
