“Será el juicio más importante de los últimos años”. Con esa definición, Carlos Garmendia, abogado de la familia de Érika Antonella Álvarez, destacó la trascendencia que tendrá el debate oral por el femicidio de la joven, asesinada el 7 de enero en una vivienda de Yerba Buena. Según la evolución del expediente, existen altas posibilidades de que el proceso se concrete antes de que termine 2026.
“Es lo que pretendemos todos”, afirmó el letrado al referirse a la posibilidad de que el juicio se realice durante este año.
El fiscal Pedro Gallo ya tendría preparado el requerimiento de elevación a juicio de la causa. De acuerdo con lo anticipado, solicitará que Felipe “El Militar” Sosa, señalado como autor del femicidio, sea condenado a prisión perpetua.
Para los otros imputados, en tanto, el representante del Ministerio Público solicitará penas de seis años de prisión. Se trata de Justina Gordillo, funcionaria judicial y expareja de Sosa, y Jorge “Chicho” Díaz, quien era una persona de confianza del principal acusado. Ambos están acusados de encubrimiento.
En el caso de Nicolás Navarro Flores, cuarto procesado en la causa, su situación ya fue resuelta mediante un juicio abreviado. El acusado recibió una condena de tres años por encubrimiento y su defensor, Patricio Char, realizaría gestiones para que pueda acceder a los beneficios previstos por la legislación.
Garmendia ya expresó formalmente su adhesión al planteo realizado por el fiscal Gallo. Además, solicitó que se incorporen cinco testigos adicionales a la lista de 85 personas cuya declaración fue requerida por el Ministerio Público.
A esa nómina podrían sumarse otros testigos propuestos por los abogados de los acusados. Los defensores Marcelo Cosiansi, representante de Sosa; María Florencia Abdala y Camilo Atim, por Gordillo; y Juan Pablo Bello, por Díaz, serán notificados sobre las posiciones adoptadas por las partes acusadoras.
Posteriormente se realizará una audiencia en la que las partes deberán debatir distintos aspectos centrales del proceso. Entre ellos estarán la teoría del caso de cada sector, la lista definitiva de testigos y las pruebas que serán incorporadas durante el juicio.
El juez a cargo deberá resolver cuáles de esos planteos serán admitidos. Una vez definida esa instancia, quedará pendiente que la Oficina de Gestión de Audiencias determine la integración del tribunal y establezca la fecha de inicio del debate oral.
Las defensas de Sosa, Gordillo y Díaz ya adelantaron que no están dispuestas a aceptar un juicio abreviado. Por ese motivo, los tres deberán afrontar el proceso ante un tribunal que será el encargado de definir sus responsabilidades penales.
Otro de los puntos que deberá resolverse durante el proceso es la demanda civil presentada en representación de la familia de Érika Álvarez. Los abogados defensores tendrán la posibilidad de cuestionar o rechazar el reclamo, aunque la resolución definitiva quedará vinculada al resultado del juicio.
Para que la reparación económica pueda hacerse efectiva, primero deberá existir una declaración de culpabilidad de los acusados. Luego, los magistrados tendrán que analizar los montos reclamados y determinar si corresponden las sumas solicitadas o si deben establecerse otros valores.
De esta manera, la causa entra en una etapa decisiva. Con la acusación fiscal encaminada y las partes preparando sus estrategias, el expediente avanza hacia un juicio que podría comenzar antes de finalizar el año y que concentrará la atención sobre uno de los casos de femicidio que más repercusión generó en Tucumán.
