El dirigente libertario Gastón García Zavalía presentó una denuncia penal contra el presidente de La Libertad Avanza (LLA) Tucumán, Lisandro Catalán, por presuntas amenazas verbales. El episodio, según consta en las actuaciones policiales, habría ocurrido durante la madrugada de este viernes 21 de agosto, en el marco de la reunión anual organizada por el Banco de Alimentos Tucumán, en Yerba Buena.
La causa quedó bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, luego de que se labraran las actuaciones correspondientes en la Comisaría de Yerba Buena.
De acuerdo con la denuncia realizada por García Zavalía, de 57 años, el hecho se produjo alrededor de las 00.45 en el predio ubicado sobre avenida Perón y calle Las Rosas, donde se desarrollaba el evento de la organización sin fines de lucro.
Según el relato del denunciante, Catalán se acercó hasta el lugar en el que se encontraba y le habría advertido que “ya iba a ver lo que me iba a pasar”. García Zavalía, quien se desempeña en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial tucumano, interpretó esas expresiones como una intimidación vinculada con sus diferencias y su participación dentro de la mesa política de La Libertad Avanza.
Un testigo que participó del encuentro resumió la tensión que se vivió durante la madrugada: “Casi cobran Catalán y Heredia anoche en Las Cañas”, aseguró al referirse al fuerte cruce entre los dirigentes.
Siempre según la presentación policial, cuando García Zavalía intentó pedir explicaciones por las supuestas amenazas, intervinieron el diputado nacional Gerardo Huesen y el dirigente Gonzalo Heredia, ambos integrantes de la estructura partidaria.
El denunciante sostuvo que los dirigentes respaldaron la actitud de Catalán y le habrían dirigido expresiones como: “Vos trabajás en el Poder Judicial, pero no sos nadie”, además de reiterarle que “ya iba a ver lo que le iba a pasar”.
Aunque aclaró que no hubo agresiones físicas, García Zavalía manifestó que las advertencias verbales le generaron preocupación y temor tanto por su integridad física como por su situación laboral.
En el lugar también habría estado presente el legislador provincial José Selemen, quien podría ser convocado como testigo para aportar información sobre lo sucedido. Las actuaciones policiales, además, fueron supervisadas por autoridades de la Unidad Regional Norte y de la Zona II.
Una interna que lleva meses de enfrentamiento
El episodio se produce en medio de una profunda crisis política dentro de La Libertad Avanza en Tucumán, marcada por diferencias que se hicieron públicas meses atrás.
En abril de 2026, García Zavalía anunció su alejamiento de la conducción provincial del espacio y formalizó la creación de una línea interna denominada “Compromiso y Libertad”.
En ese momento, justificó su decisión en lo que definió como una “deriva sectaria y excluyente” de la conducción encabezada por Catalán. El dirigente cuestionó que el armado electoral se hubiera transformado, según sus palabras, en un “círculo cerrado de amigos” destinado a marginar a quienes no respondieran a las directivas de la conducción.
Pese a mantener su respaldo al presidente Javier Milei y al rumbo económico y político del Gobierno nacional, García Zavalía fue particularmente crítico con el funcionamiento interno de LLA en Tucumán.
Entre sus cuestionamientos, apuntó contra lo que describió como un “verticalismo rancio”, al que incluso comparó con el “autoritarismo peronista”. También acusó a Catalán de conducir la fuerza “como si fuese su propia estancia o como si fuese un club”.
El dirigente libertario cuestionó, además, el peso que tendrían las redes sociales dentro de la estrategia partidaria, en detrimento de la construcción territorial y de la militancia en los barrios. En ese marco, denunció el desplazamiento de referentes fundadores del espacio, como José Macome.
En una de sus críticas más duras, García Zavalía llegó a afirmar que Catalán actuaba como si tuviera “más poder que el presidente de la Nación en Tucumán”.
Otra denuncia contra la conducción libertaria
La denuncia por las presuntas amenazas se suma a otro conflicto judicial que involucra a Catalán y que fue ratificado apenas dos días antes.
El 19 de agosto de 2026, el concejal de Yerba Buena Mauricio Argiró confirmó ante la Justicia Federal una denuncia electoral y penal contra Catalán y el diputado nacional Federico Pelli.
La presentación plantea presuntos delitos de falsedad ideológica de instrumento público, utilización de documento falso, inserción ilegítima de datos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violaciones al Código Electoral Nacional.
La acusación se centra en supuestas irregularidades vinculadas con los domicilios declarados por ambos dirigentes. Según la denuncia, las maniobras habrían tenido como finalidad construir una “apariencia de pertenencia territorial” para cumplir con el requisito constitucional de contar con dos años de residencia inmediata antes de competir por cargos provinciales o municipales en las elecciones de mayo de 2027.
En el caso de Catalán, Argiró sostiene que habría declarado como domicilio un inmueble situado en Italia 757, dirección que corresponde a la sede de La Libertad Avanza en Tucumán, mientras que su residencia real estaría en la provincia de Buenos Aires, entre los partidos de San Miguel y San Martín.
Respecto de Pelli, la denuncia cuestiona el domicilio registrado en avenida Aconquija 1526, al señalar que se trataría de una galería comercial sin viviendas, mientras que su residencia habitual estaría ubicada en un barrio privado de Cebil Redondo.
La presentación también solicita que se investigue una posible facilitación por parte del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), debido a que los cambios de domicilio habrían sido gestionados de manera excepcional y en plazos reducidos.
En el caso de Pelli, la denuncia menciona modificaciones sucesivas de domicilio realizadas en menos de 72 horas durante julio de 2026.
De prosperar las acusaciones y comprobarse los delitos denunciados, las penas podrían ir de uno a ocho años de prisión, además de una eventual inhabilitación especial para ejercer derechos políticos por hasta diez años.
Argiró también vinculó las supuestas irregularidades con una estrategia política que, según su postura, mantendría la conducción libertaria con el oficialismo tucumano. El concejal afirmó que Catalán tendría un acuerdo con el gobernador Osvaldo Jaldo para fragmentar a la oposición y presentar candidaturas de menor intensidad electoral.
En ese punto, las acusaciones de Argiró coinciden con cuestionamientos que García Zavalía ya había formulado públicamente, al expresar sus dudas sobre la voluntad real de la estructura libertaria tucumana para enfrentar políticamente al gobierno provincial.
Con la denuncia por presuntas amenazas ahora en manos de la Justicia, la fractura interna de La Libertad Avanza en Tucumán vuelve a quedar expuesta y suma un nuevo capítulo a una disputa que, lejos de cerrarse, parece profundizarse.
