Entró en vigencia la ley que bajó la edad de imputabilidad a 14 años

La legislación prohíbe la prisión o reclusión perpetuas para ese grupo etario. También establece un límite máximo de 15 años de privación de libertad, incluso cuando existan varios delitos cuyas penas sumadas superen ese plazo. Cumplidos los dos tercios de la condena en detención, el tribunal podrá disponer que el tiempo restante se cumpla con otras sanciones, siempre que exista un dictamen pericial favorable, la conformidad de la fiscalía y la opinión de la víctima.

Para delitos con penas de hasta tres años de prisión, la ley prevé el reemplazo del encierro por otras medidas. Cuando la pena supere los tres años y alcance los diez, el tribunal también podrá aplicar alternativas, aunque con condiciones adicionales: ausencia de muerte o violencia grave, antecedentes del adolescente y existencia de otros procesos judiciales firmes.

Entre las sanciones posibles figuran la prohibición de acercamiento, la restricción para concurrir a ciertos lugares, los servicios comunitarios y la reparación del daño. El juez puede sumar una amonestación formal. También se incorpora el monitoreo electrónico, como sanción autónoma o para controlar otras medidas.

Los adolescentes privados de libertad permanecerán en establecimientos adecuados, con personal capacitado y separados de los adultos. La ley protege la identidad de los imputados y prohíbe publicar nombres, fotos o domicilios. Las víctimas, en tanto, tendrán participación activa en el proceso y acceso a la información de la causa. Además, el Código Civil y Comercial regirá la responsabilidad civil de los padres por los ilícitos de sus hijos.