La competencia desleal y el contrabando se convirtieron en un problema de peso para buena parte del entramado fabril argentino. En medio de una coyuntura marcada por la debilidad de la demanda interna y una mayor competencia de productos importados, 6 de cada 10 empresas industriales señalaron que estas prácticas tienen un impacto alto o muy alto sobre su nivel de actividad, según reveló la nueva encuesta del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA) que se difundirá en las próximas horas.
El relevamiento le pone números a una preocupación que la UIA viene manifestando desde hace tiempo y que expuso públicamente pocos días atrás, durante la celebración por el Día de la Industria. El ingreso de productos a precios que las compañías consideran artificialmente bajos, la falta de certificaciones obligatorias, los problemas de trazabilidad y la comercialización informal aparecen entre las principales dificultades detectadas. Además, el fenómeno golpea con distinta intensidad según el sector y la región del país.
La encuesta muestra que el 34,5% de las firmas calificó como “alto” el impacto de la competencia desleal y el contrabando sobre su actividad y otro 25,6% lo consideró “muy alto”. En el otro extremo, un 18,1% respondió que el efecto es bajo; 12,8%, moderado; y 9%, muy bajo. Es decir, las dos categorías de mayor gravedad reúnen a alrededor del 60% de las compañías relevadas.
El efecto aparece principalmente en las ventas. Entre las empresas que respondieron que el impacto es alto o muy alto, el 48,4% identificó una reducción de las ventas como principal consecuencia. A bastante distancia aparecen la presión para reducir precios, con 15,2%; la disminución de la rentabilidad, con 13,3%; la pérdida de participación de mercado, con 10,9%; y un menor nivel de producción, con 8,2%. Otro 3,1% señaló la postergación o cancelación de inversiones.
La cuestión de los precios ocupa un lugar central en el diagnóstico empresario. La mitad de las compañías consultadas señaló que los productos de origen externo se comercializan a precios artificialmente bajos, una situación que, de acuerdo con el informe, presiona los valores locales hasta niveles que resultan insuficientes para cubrir los costos mínimos de producción.
Ese no es, sin embargo, el único problema que identificaron los industriales. El 15,3% mencionó la falta de certificaciones obligatorias; el 13,8%, la ausencia de trazabilidad; y el 13,2%, la comercialización sin factura u otras formas de informalidad. Los resultados trazan así un mapa que excede la discusión exclusivamente vinculada con los precios e incorpora diferentes irregularidades señaladas por las empresas.
La radiografía por actividad muestra diferencias importantes. Metales comunes aparece como el sector con mayor exposición: el 88,2% de las empresas consultadas consideró que el efecto es alto o muy alto. Dentro de ese total, el 41,2% lo calificó como muy alto y otro 47,1% como alto.
Muy cerca se ubica la industria textil. En este caso, el 84,6% de las empresas calificó el impacto como alto o muy alto: el 61,5% respondió “muy alto” y el 23,1%, “alto”. En confecciones, cuero y calzado, la proporción conjunta llega al 76,2%, distribuida entre un 42,9% que señaló un impacto muy alto y un 33,3% que lo consideró alto.
El problema también alcanza a otros rubros fabriles. En papel, cartón y madera, el 30% de las empresas calificó el efecto como muy alto y el 40% como alto. En autopartes, esos porcentajes se ubicaron en 25,8% y 41,9%, respectivamente. En caucho y plástico, el 18,6% respondió “muy alto” y el 48,8% señaló un impacto “alto”. El informe de la UIA ubica precisamente a autopartes, caucho y plásticos y papel, cartón y madera entre las actividades con efectos significativos.
La incidencia también cambia según la ubicación de las compañías. El AMBA concentra la mayor proporción de empresas que reportaron un impacto alto o muy alto, con 65,9%, mientras que en el Norte esa proporción alcanza el 56,5%.
Los números se conocen pocos días después de que la conducción de la UIA colocó la competencia desleal entre los principales temas de su agenda. Durante el festejo por el Día de la Industria, realizado la semana pasada en la planta del Laboratorio Elea, en Malvinas Argentinas, unos 200 empresarios, dirigentes de cámaras, funcionarios y referentes del mundo productivo participaron de un encuentro en el que la situación de la actividad, el crédito, la morosidad y el consumo ocuparon buena parte de las conversaciones.
En ese encuentro, el presidente de la entidad, Martín Rappallini, organizó su discurso alrededor de una imagen: la necesidad de construir un puente entre la economía que se deja atrás y la que se busca construir. Ese puente incluyó siete puntos: actividad y crédito, competitividad y costo argentino, competencia desleal, energía, morosidad, infraestructura y modernización laboral.
El contrabando ocupó un lugar destacado. Rappallini sostuvo que, en algunos rubros, los productos que ingresan mediante circuitos irregulares representan entre el 30% y el 50% del mercado, con contenedores subfacturados que compiten con la producción local y deprimen los precios. “Esto lejos está de ser libre mercado, es competencia desleal”, afirmó durante su exposición.
Fuera del escenario, el asunto también apareció en las conversaciones entre los empresarios. “Es un colador”, señalaron industriales durante el encuentro al referirse al ingreso de contenedores con mercadería subfacturada. La preocupación se insertó, además, en un escenario de menor actividad: la industria acumula una caída del 10% desde 2022, con sectores que registran bajas de entre 25% y 30 por ciento.
La nueva encuesta también buscó identificar los canales a través de los cuales las compañías detectan la comercialización de esos productos. Los mayoristas y distribuidores encabezan el listado, con el 26,4% de las respuestas. En segundo lugar aparecen los comercios minoristas, con 16,2%, seguidos por las plataformas internacionales de venta directa al consumidor, con 15,1 por ciento.
Las redes sociales representan otro 14,9%, mientras que los marketplaces concentran el 11,9% y las ferias y la venta informal, el 8,6%. Los resultados muestran que las empresas identifican diferentes vías de comercialización, que abarcan tanto los canales tradicionales como distintas modalidades vinculadas al comercio electrónico.
En ese escenario, el informe también indaga sobre la percepción de las compañías respecto de los controles aduaneros. El principal cuestionamiento no apunta a su existencia sino a su efectividad. El 19,4% de las empresas señaló que tienen un impacto negativo sobre su actividad, principalmente porque considera que no resultan suficientes para evitar el ingreso de mercadería irregular. Según el CEU-UIA, eso favorece la posterior comercialización de esos productos a precios bajos y profundiza la competencia desleal.
En sentido contrario, el 27,6% de las compañías dijo que los controles tienen un efecto positivo. Esas firmas destacaron los efectos que tendría un fortalecimiento de los mecanismos existentes: contribuiría a generar una competencia más justa, reduciría la subfacturación, limitaría el ingreso de productos de menor calidad y permitiría igualar las condiciones entre quienes operan formalmente y quienes lo hacen por fuera de los canales legales.
La encuesta preguntó además cuáles son las acciones que las empresas consideran necesarias para enfrentar el problema. El 33,2% planteó como principal medida fortalecer los controles aduaneros, mientras que el 31,5% pidió fortalecer la fiscalización de la facturación.
El comercio electrónico también aparece dentro de las preocupaciones. El 15,1% señaló la necesidad de reforzar los controles en ese canal, mientras que el 7,5% pidió mejorar el control de etiquetado y trazabilidad. Otro 5,6% reclamó agilizar los mecanismos de denuncia.
