La denuncia presentada por un abogado que afirmó haber sido víctima de distintas situaciones de violencia mientras intentaba asistir a una persona demorada derivó en un pronunciamiento institucional del Colegio de Abogados de Tucumán, a través de su Comisión de Defensa de la Defensa.
El letrado Ernesto Enzo Nieva sostuvo que el episodio ocurrió durante la noche del 9 de septiembre, en la comisaría de Banda del Río Salí, cuando concurrió a la dependencia a pedido de familiares de una persona que permanecía demorada luego de un accidente vial.
Según consta en la denuncia que dio origen al legajo penal, Nieva habría solicitado información sobre los motivos por los cuales se extendía la demora y requerido la presencia de la máxima autoridad policial de guardia. El pedido habría derivado en una discusión con uno de los efectivos, tras lo cual intervinieron otros tres agentes.
De acuerdo con el relato del abogado, los uniformados lo redujeron por la fuerza y lo trasladaron hacia una habitación ubicada en la parte posterior de la dependencia. En ese contexto, aseguró que recibió expresiones descalificadoras vinculadas con su condición de abogado.
El profesional también denunció haber sido sometido a una requisa personal, además de la retención de su teléfono celular, donde afirmó tener información protegida por el secreto profesional. Asimismo, manifestó que permaneció incomunicado durante más de tres horas y que no pudo acceder a la medicación que toma por hipertensión. Según su presentación, la situación derivó en un desvanecimiento dentro de la comisaría.
Nieva señaló además que, posteriormente, se iniciaron actuaciones en su contra por un supuesto atentado contra la autoridad, procedimiento que, según su versión, habría sido utilizado para justificar la intervención policial.
Ante la gravedad de los hechos denunciados, la Comisión de Defensa de la Defensa, con la firma de su vicepresidente, Martín Lucio Terán, consideró que el episodio excede la situación particular del abogado y presenta una dimensión institucional relacionada con el ejercicio de la profesión y el derecho de defensa.
El organismo recordó que la legislación otorga a los abogados una protección funcional destinada a garantizar el desarrollo de su tarea sin intimidaciones, restricciones indebidas o interferencias por parte de autoridades públicas.
En ese sentido, el Colegio remarcó que garantizar el trabajo de los defensores resulta especialmente relevante durante las primeras horas de una detención o demora, cuando la persona se encuentra en una situación de particular vulnerabilidad frente al Estado.
Sin pronunciarse sobre eventuales responsabilidades penales individuales, cuestión que deberá determinar la investigación del Ministerio Público Fiscal, la institución aprobó una serie de medidas destinadas a acompañar al abogado y analizar lo sucedido.
Entre las acciones previstas se encuentra el respaldo y asistencia letrada a Nieva, el seguimiento del legajo judicial y de las actuaciones iniciadas en su contra, además de una presentación formal ante el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía.
El Colegio también reclamó que se inicien actuaciones administrativas para determinar las responsabilidades que pudieran corresponder y pidió que se dicte una instrucción general y obligatoria para las distintas dependencias policiales.
Como parte de las medidas, la institución planteó la elaboración de un Protocolo de actuación para el ejercicio de la abogacía en dependencias policiales.
La iniciativa apunta a establecer criterios uniformes para situaciones como la acreditación de los profesionales, el acceso a los registros correspondientes y la posibilidad de mantener entrevistas confidenciales con las personas asistidas.
También contempla establecer pautas respecto de la custodia de teléfonos celulares y otros efectos personales de los abogados durante su permanencia en las dependencias policiales.
Finalmente, el Colegio comunicó formalmente lo ocurrido a la Fiscalía que interviene en el caso y expresó su intención de realizar un seguimiento del legajo penal, al considerar que la situación denunciada involucra garantías vinculadas con el libre ejercicio de la defensa y el derecho de las personas detenidas a contar con asistencia letrada.
