Las autoridades españolas iniciaron este viernes el traslado de miles de migrantes que permanecían en condiciones precarias en las playas de Ceuta hacia carpas temporales instaladas en el puerto del enclave europeo en el norte de África.
El operativo comenzó a las 04:30 y estuvo marcado por momentos de tensión, ya que la policía debió intervenir para controlar los grupos de migrantes que se largaban a correr para tratar de asegurarse un lugar en el nuevo espacio. Hubo empujones, disparos al aire y algunos heridos.
La crisis migratoria en Ceuta se agravó a fines de julio, cuando decenas de miles de personas ingresaron desde Marruecos al pequeño enclave español, que cuenta con unos 80.000 habitantes. Aunque la mayoría regresó a Marruecos, miles permanecieron en la ciudad en situación vulnerable.
El nuevo campamento en el puerto tiene capacidad para 1700 personas, pero las autoridades reconocieron que la cifra de migrantes en las playas supera ampliamente ese número.
En las carpas, los migrantes tendrán acceso a duchas, servicios, alimentación y camas nuevas, según informaron fuentes oficiales.
El traslado se realizó horas después de que un tribunal rechazara el pedido de un sindicato policial para frenar la reubicación en las carpas temporales.
La decisión se dio en medio de una disputa entre el gobierno central, encabezado por el socialista Pedro Sánchez, y la administración local de Ceuta, controlada por el Partido Popular.
El PP calificó de “caos absoluto” el traslado de migrantes y reclamó la renuncia de Sánchez. “Devolución inmediata. Gobierno dimisión”, esctibió en X el secretario general del PP, Miguel Tellado.
La autoridad portuaria local se negó inicialmente a ceder el control de las instalaciones, lo que llevó al gobierno central a intervenir directamente. La medida fue duramente criticada por sectores de la derecha y la extrema derecha, que responsabilizan al Ejecutivo nacional por la crisis.
Según las autoridades locales, 13.000 personas permanecen en Ceuta tras la entrada masiva desde Marruecos. Sin embargo, el gobierno central sostiene que la cifra es considerablemente menor.
Desde el inicio de la crisis, se registraron varios episodios de tensión y protestas de la población local, que reclama el restablecimiento de la normalidad en la ciudad.
El gobierno central busca acelerar la devolución de los migrantes a Marruecos, pero la legislación exige identificar a cada persona para determinar si tiene derecho a asilo o puede ser retornada.
Además, miles de menores requieren protección especial, lo que complica aún más la gestión de la crisis humanitaria en el enclave.
