El municipio auditó el Tribunal de Faltas y detectó graves falencias

El informe elaborado por la Contaduría General advirtió “serias ineficiencias” en el funcionamiento del organismo. En 2024, de más de 91.000 expedientes ingresados, apenas el 5,1% fue resuelto. También se señalaron irregularidades en la prescripción, el cobro de multas y la administración de documentación.

Las diferencias entre la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y el Tribunal de Faltas sumaron un nuevo capítulo luego de que una auditoría municipal detectara diversas irregularidades en el funcionamiento del organismo encargado de juzgar las infracciones y gestionar el cobro de las sanciones.

El informe, aprobado por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) mediante el decreto N° 0311, había sido solicitado por la Secretaría de Gobierno en mayo de 2025. El trabajo estuvo a cargo de la Contaduría General, encabezada por Marcelo Albaca, y contiene fuertes cuestionamientos sobre el desempeño del Tribunal, además de plantear la necesidad de determinar eventuales responsabilidades administrativas.

Para elaborar el análisis se relevaron datos provenientes de distintas áreas municipales que confeccionan actas de infracción, entre ellas Tránsito, Catastro e Ingresos Municipales. También se analizaron los registros correspondientes a los 10 juzgados que conforman el Tribunal de Faltas, junto con información del Sistema Nacional de Infracciones (Sinai) y del Control de Infracciones Tucumán (CIT).

Un elevado número de causas pendientes

Uno de los principales puntos señalados por la auditoría es el importante volumen de expedientes que permanecen sin resolución.

De acuerdo con el informe, durante 2024 ingresaron 91.197 causas a los juzgados. De ese total, solo 4.650 fueron resueltas, lo que representa el 5,1%. En tanto, 76.344 expedientes, equivalentes al 83,8%, permanecían sin resolución, mientras que otros 10.113 casos, el 11,1%, fueron cerrados luego de que los infractores realizaran el pago voluntario.

La auditoría también puso el foco en el acumulado de años anteriores. Entre 2019 y 2023 ingresaron 406.355 causas y, según el relevamiento municipal, 319.264, es decir el 78,57%, continuaban en el sistema sin una resolución dictada por los jueces de Faltas.

Observaciones sobre la prescripción y el cobro

Otro de los aspectos cuestionados está relacionado con la prescripción de expedientes. El municipio detectó situaciones en las que existieron demoras entre la fecha en que se cometió una infracción y su incorporación al sistema, además de casos en los que no se habrían respetado los plazos establecidos para disponer la caducidad.

El informe también menciona expedientes físicos que no pudieron ser encontrados y actuaciones que se encontraban incompletas.

A estas observaciones se sumaron deficiencias vinculadas con el cobro judicial de las multas. El decreto señala la existencia de obstáculos normativos y del sistema que dificultarían el envío de causas a la Fiscalía Municipal.

La auditoría detectó, además, problemas en la identificación de algunas dependencias encargadas de confeccionar actas. Como ejemplo, se menciona al Centro de Monitoreo, que durante 2024 habría labrado más de 13.000 actas que fueron incorporadas de manera incorrecta al sistema.

También se señalaron falencias en la administración de talonarios en dependencias municipales, entre ellas el área de Arbolado.

Posibles responsabilidades administrativas

El decreto sostiene que situaciones como la falta de carga de actas, la pérdida de expedientes físicos y la ausencia de seguimiento de determinadas causas podrían representar incumplimientos de los deberes establecidos para el personal municipal.

A partir de las conclusiones del relevamiento, el Ejecutivo municipal plantea que algunos de los hechos detectados podrían encuadrarse en causales de negligencia y morosidad grave en el ejercicio de la función.

El documento recuerda, además, que el artículo 28, incisos g) y m), del régimen disciplinario contempla como causales de cesantía el incumplimiento grave de obligaciones y las faltas reiteradas relacionadas con la conservación de documentación. El artículo 29, en tanto, establece la posibilidad de exoneración ante faltas graves que ocasionen un perjuicio material al municipio.

No obstante, el propio decreto aclara que para la aplicación de sanciones mayores debe realizarse previamente un sumario administrativo, de acuerdo con lo establecido por la Ordenanza N° 895/68.

En cuanto a los jueces de Faltas, el documento recuerda que las eventuales remociones solo pueden resolverse mediante un juicio ante el Tribunal de Enjuiciamiento.

El expediente pasó a la Fiscalía Municipal

A partir de las irregularidades señaladas, el municipio dispuso remitir las actuaciones a la Fiscalía Municipal, a cargo de Conrado Mosqueira.

El objetivo es que ese organismo analice las actuaciones administrativas correspondientes, determine las eventuales responsabilidades y evalúe la implementación de medidas destinadas a revertir los indicadores observados en la auditoría.

El decreto sostiene que los resultados del relevamiento deben servir como base para establecer planes de gestión que permitan mejorar el funcionamiento del Tribunal y corregir las deficiencias detectadas.

También hubo cambios en la cuestión salarial

En paralelo al informe, la Municipalidad dejó sin efecto un decreto relacionado con las remuneraciones de los jueces del Tribunal de Faltas.

La medida cuestionada había establecido modificaciones vinculadas con la equiparación salarial de los jueces con los secretarios municipales y generó críticas dentro del organismo.

El presidente del Tribunal, Fabián Ignacio Lizondo Ruiz, había presentado un requerimiento formal ante la intendenta Rossana Chahla y consideró que la disposición podía interpretarse como una represalia. En esa presentación, había advertido que, según su interpretación, la situación podía eventualmente exceder el ámbito administrativo y configurar conductas como abuso de autoridad, coacción e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Finalmente, el municipio resolvió dejar sin efecto aquella disposición y argumentó que el tema salarial requiere un debate más amplio que garantice el derecho a ser escuchados de los agentes cuyos derechos pudieran resultar afectados.