El inicio de operaciones de una nueva ruta comercial marítima entre Punta Arenas y las islas Malvinas encendió alarmas en el plano diplomático y de seguridad, tras conocerse informes reservados de la inteligencia chilena que advierten sobre un posible "evento crítico" ante la inminente salida del primer buque hacia el archipiélago.
La embarcación elegida para cubrir este trayecto es el Danstar, un buque de 72 metros de eslora, de bandera chilena y perteneciente a la compañía Easter Island Naviera, con una capacidad de carga de 1.389 toneladas destinada a transportar alimentos, materiales de construcción, maquinaria y diversos suministros.
Detalles del recorrido y cautela diplomática
Las previsiones sitúan el primer zarpe entre noviembre y diciembre, con una fecha exacta que se mantiene bajo estricta reserva con el fin de evitar reacciones de la Argentina que puedan generar tensiones bilaterales innecesarias. Debido a esta cautela, se descartó que la nave sea escoltada por unidades militares de su país.
En un principio se evaluó realizar el trayecto cruzando por el Mar de Drake para minimizar riesgos geopolíticos; sin embargo, dicha alternativa quedó descartada y el trayecto final se cumplirá atravesando el Estrecho de Magallanes antes de continuar rumbo a Puerto Stanley/Argentino.
Un mercado millonario y el antecedente normativo
El proyecto busca disputar parte del abastecimiento que históricamente se realiza desde Uruguay, apuntando a un mercado superior a los 20 millones de dólares anuales que resulta clave para las pequeñas y medianas empresas de la Región de Magallanes.
No obstante, el mayor motivo de preocupación en los informes, difundidos por el medio chileno BioBio, surge tras el paso por el estrecho, ante la posibilidad de una eventual interceptación por parte de la Prefectura Naval o la Armada de la Argentina una vez que la nave ingrese al mar territorial argentino.
Esta inquietud se sustenta en el marco regulatorio vigente, específicamente en el Decreto 256/2010 -firmado durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner-, el cual exige una autorización previa a cualquier embarcación que pretenda transitar entre puertos del territorio continental argentino y las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, o navegar por aguas jurisdiccionales con ese destino.
Mientras el Gobierno de La Moneda sigue de cerca cada movimiento ante el impacto diplomático que un incidente de esta magnitud podría desencadenar, las gestiones comerciales entre empresarios magallánicos y representantes de las islas continúan avanzando para consolidar la frecuencia regular del servicio.
