La discusión sobre la Ley Nicolás abre una oportunidad para mirar de frente el sistema de salud y pensar cómo mejorar la atención en Tucumán.
El gobernador Osvaldo Jaldo puede impulsar ese diálogo y convocar a quienes lo sostienen todos los días: el sector público, las instituciones privadas, las obras sociales, las prepagas, las universidades, las sociedades científicas y las organizaciones médicas.
La pandemia dejó una enseñanza difícil de olvidar: cuando la emergencia golpeó, los sectores público y privado compartieron profesionales, recursos y responsabilidades. Los pacientes pasaron de un ámbito a otro según sus necesidades. La salud funcionó como una red, porque la enfermedad no distingue entre coberturas.
Las cifras del Censo 2022 ayudan a entender la dimensión de esa red. El 60,9 % de la población declaró tener obra social, prepaga o PAMI; el 35,8 % dependía exclusivamente del sistema público y el 3,3 % contaba con programas o planes estatales. Son datos de cobertura, no una medición exacta del uso de cada sector. Además, el sistema público garantiza atención a toda la población.
La seguridad del paciente merece una política sostenida. Para que funcione, hacen falta protocolos y capacitación, pero también personal suficiente, insumos, tecnología, tiempo para atender y condiciones de trabajo adecuadas. La aplicación de nuevas normas debe contemplar las diferencias entre un hospital de alta complejidad, un centro ambulatorio, un consultorio y una institución pequeña.
En Tucumán, esa conversación requiere voces diversas. El Colegio Médico de Tucumán es una de ellas: no tiene a su cargo la matrícula profesional, pero agrupa a más de 3.000 médicos de la provincia y conoce de cerca las condiciones en las que se desarrolla la práctica. Su participación puede acercar al debate la experiencia cotidiana de los profesionales y ayudar a identificar qué medidas son posibles y qué recursos hacen falta.
Una mesa convocada por el Gobierno provincial podría abordar cuestiones concretas: cómo se financiarán las nuevas tareas, cómo se protegerán los datos de pacientes y profesionales, qué capacitación recibirán los equipos y qué mecanismos permitirán revisar las evaluaciones. También debería establecer cómo se investigarán los incidentes para aprender de lo ocurrido y mejorar los procesos, con garantías de confidencialidad y reglas claras.
El desafío es que la seguridad no quede reducida a nuevos formularios o controles. Debe traducirse en mejores condiciones de atención para los pacientes y de trabajo para los equipos. Para eso, las responsabilidades tienen que estar definidas y cada sector debe comprometerse con aquello que puede aportar.
El gobernador tiene la posibilidad de reunir a esos actores y abrir un espacio de trabajo con objetivos, plazos y seguimiento.
Una convocatoria amplia permitiría construir acuerdos que tomen en cuenta la realidad de los hospitales públicos, las clínicas, los consultorios y los financiadores. También ayudaría a que las decisiones se apoyen en información y en la experiencia de quienes conocen el sistema desde adentro.
La salud pública y la privada comparten profesionales, derivaciones y necesidades. Fortalecer una parte también puede mejorar la respuesta de la otra. Tucumán necesita una conversación franca y un trabajo conjunto para que la seguridad del paciente, el acceso a la atención y el cuidado de quienes trabajan en salud avancen en la misma dirección.
