El primer hecho comenzó la noche del 15 de septiembre, cuando le robaron 10 terneros y dejaron uno muerto en el lugar porque era chiquito. En la noche siguiente, los delincuentes regresaron y mataron otros 19 terneros. Solo se llevaron seis y dejaron el resto tirado en el campo. Según detalló, los animales fueron muertos con armas de fuego.
Ahora, la metodología se repitió. Los delincuentes faenaron tres vaquillonas preñadas y un ternero, y se llevaron la mayor parte de la carne. Franco estimó que el perjuicio económico acumulado supera los $40 millones. Afirmó que decidió retirarse porque considera que existe un ensañamiento contra él por haber realizado las denuncias. En total lleva 34 animales faenados.
La decisión de Franco expone una de las consecuencias más graves de la ola de delitos que denuncian pequeños productores de Olavarría: además de perder animales y afrontar daños en sus instalaciones, algunos evalúan abandonar la actividad. Según los damnificados, los ataques se repiten desde hace más de dos años en campos cercanos a la ciudad, sin que se conozcan avances significativos en las investigaciones.
Alberto Mancusi, productor de la zona, afirmó que los problemas de seguridad comenzaron a agravarse a principios de 2024. “Todo comenzó a descontrolarse en Olavarría”, señaló. Los productores aseguran que intentaron plantear la situación ante las autoridades en distintas oportunidades. Mancusi recordó que, en 2025, un grupo de pequeños ganaderos se reunió con responsables de seguridad y llevó más de 35 denuncias realizadas en la comisaría que corresponde a la zona. Pero la respuesta no se tradujo en avances concretos y los ataques continuaron.
“Son más de 35 denuncias en los últimos dos años y, si a eso se suman los que no se denuncian, debemos estar arriba de los 50 hechos de abigeato y otros tipos de inseguridad rural como es el caso de corte de alambre”, afirmó.
“Volvieron los mismos delincuentes con más ensañamiento y rigor. Hay mucha impunidad en esta gente que mata y deja animales tirados”, sostuvo. El productor tenía un rodeo de unas 80 cabezas y señaló que, entre los animales muertos y los terneros faenados, perdió una parte importante de su capital de trabajo.
Los ataques ya no se limitan a los animales. En los últimos días, los productores también encontraron alambrados cortados en pequeños segmentos, de unos 50 centímetros, una modalidad que vuelve inútil el material y obliga a reemplazarlo. Mancusi estimó que, en la última semana, los daños alcanzaron unos 2000 metros de cerco en campos de 10 productores.
La forma en que se realizan los cortes agrava las pérdidas. En lugar de derribar tramos completos que puedan repararse con postes o varillas, los delincuentes fraccionan los alambres en pequeños segmentos, de modo que ya no sirven y deben reemplazarse por completo. Mancusi afirmó que un productor calculó en $15 millones el costo de reparación de su alambrado.
El problema no se limita al daño material. Los campos están muy cerca de la zona urbana y los productores consideran que la ubicación debería facilitar la detección de los movimientos sospechosos. Algunos instalaron cámaras de seguridad y otros comenzaron a vigilar sus establecimientos durante la noche, aunque ahora temen exponerse a situaciones más peligrosas. “Estamos en un estado total de indefensión y de agotamiento y la mayoría de los productores más jóvenes ya no quieren saber más nada de esto”, dijo Mancusi. Según explicó, algunos evalúan vender sus animales y abandonar la actividad.
El productor también cuestionó la falta de respuestas del municipio y de resultados en las investigaciones judiciales. Relató que, en uno de los casos, personal de Policía Científica realizó peritajes, pero los damnificados no recibieron resultados durante meses. Según le explicaron a uno de los productores afectados, los estudios debían pasar por distintos centros antes de llegar a una conclusión. Mancusi aseguró que, pese al tiempo transcurrido, no hubo novedades que permitieran esclarecer ningún episodio. Mancusi sostuvo que los damnificados aportan información sobre huellas, vehículos y recorridos que podrían haber seguido los delincuentes, pero que esos datos no se traducen en detenciones.
El impacto económico es especialmente duro para los pequeños productores, que suelen trabajar con rodeos reducidos. Mancusi explicó que un ternero puede valer alrededor de $800.000 y que perder varios animales de una sola vez compromete la continuidad del negocio. A esa pérdida se suman el costo de recomponer las instalaciones y el tiempo que deda volver a poner en condiciones un campo.“Es una sangría lo que hacen y lo de los alambres es un ensañamiento al tipo que labura”, expresó.
Para Franco, la decisión ya está tomada: no quiere seguir exponiendo los animales que le quedan a nuevos ataques. Entre los productores que todavía intentan sostener sus establecimientos, la preocupación es que la falta de respuestas termine por empujar a otros a abandonar el campo. LA NACION quiso tener una opinión del intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner (Unión por la Patria) sobre la situación, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.
