La Justicia procesó sin prisión preventiva a José Luis Espert por lavado de dinero, le prohibió la salida del país y lo embargó por $1000 millones. La medida la dispuso el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, en la causa en la que el exdiputado nacional libertario es investigado por los 200 mil dólares que recibió en 2019 de parte del empresario, Federico “Fred” Machado.
El procesamiento alcanza además al contador del economista, Mariano Cosentino, como partícipe necesario del delito, y la empresa Varianza S.A., con embargos de $700 millones y de $500 millones, respectivamente.
Esta semana la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín no hizo lugar al reclamo presentado por la defensa para pedir la nulidad de las medidas de prueba impulsadas por el fiscal, Rodolfo Domínguez.
La defensa planteó que el fiscal se había excedido de sus atribuciones al ordenar medidas posteriores a su indagatoria; la validez de las declaraciones testimoniales sin aviso a la defensa; el pedido de informes patrimoniales de Espert, su pareja y terceros “ajenos al proceso”.
Además de la incorporación de informes de inteligencia “secretos” a los que la defensa no tuvo acceso; y los peritajes a celulares y otros dispositivos secuestrados sin la posibilidad de designar un perito de parte para la intervención.
Los camaristas, Néstor Pablo Barral y Alberto Lugones, consideraron que “los actos procesales impugnados se han desenvuelto con arreglo a la normativa aplicable, sin que se vislumbren vicios que impliquen afectaciones a los derechos constitucionales en juego”. La Cámara además rechazó otro planteo de la defensa del exdiputado para recusar al fiscal por “pérdida de objetividad” y “exteriorización de un interés ajeno al proceso”.
La investigación judicial se centra en los 200 mil dólares que Espert recibió en 2019 y que, según la acusación, habrían llegado a través de un contrato simulado de asesoramiento con la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo, que fue reconocida como propiedad de Machado.
Según la hipótesis de la acusación, el contrato habría servido para justificar el ingreso de dinero de origen ilícito y que los fondos fueron usados, entre otros destinos, para comprar vehículos de alta gama y constituir un fideicomiso en Costa Esmeralda.
El dinero está vinculado a Machado, empresario que mantuvo una relación con el exdiputado nacional desde 2019 y que, entre otros apoyos, financió actividades de la campaña presidencial del economista mediante el préstamo de un avión privado para más de 30 vuelos, además de la presentación de un libro y un vehículo blindado.
El empresario argentino está preso en Estados Unidos y se declaró culpable ante la justicia federal de ese país por conspiración para lavar dinero y fraude electrónico, a cambio de que se desestime la acusación de narcotráfico, y fue condenado por esos delitos.
