En una movida política que sorprendió en el ámbito parlamentario, la Legislatura de Tucumán resolvió habilitar para la próxima sesión el tratamiento de la interpelación a la ministra de Educación, Susana Montaldo. El dato saliente es que la solicitud fue presentada por la legisladora opositora Silvia Pérez, pero recibió el respaldo del oficialismo, sector alineado con el gobernador Osvaldo Jaldo.
La propuesta apunta a que la funcionaria exponga precisiones sobre la situación del sistema educativo provincial. “Buscamos contar con información precisa y respaldada sobre el estado real de los establecimientos escolares”, sostuvo Pérez, quien enumeró inquietudes vinculadas a las condiciones edilicias, fallas estructurales como techos comprometidos, instalaciones eléctricas y sanitarias, así como también el detalle de obras ejecutadas y las aún pendientes.
Desde el punto de vista institucional, el contexto no es menor. Una interpelación obliga a un ministro a concurrir a la Legislatura para dar explicaciones, en un escenario que suele generar tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. En ese marco, el antecedente más cercano se ubica en 2021, cuando el entonces ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, fue interpelado en medio de un marcado conflicto político interno.
La determinación abre un nuevo frente en la dinámica entre oficialismo y oposición, pero también al interior del propio bloque gobernante, donde no pasó inadvertido que hayan sido legisladores oficialistas quienes facilitaron el avance de un planteo que coloca bajo escrutinio a una integrante del gabinete provincial.
