Unión Personal: afiliados de Tucumán denuncian el abandono de la Obra Social y la falta de prestaciones

Cerraron la atención presencial en Tucumán y trasladaron todos los trámites a un sistema digital que, según denuncian los afiliados, presenta serias dificultades para funcionar. Hay pacientes con enfermedades crónicas que deben recurrir a la Justicia para conseguir estudios y tratamientos. Incluso se denuncian incumplimientos de prestaciones pese a la existencia de resoluciones judiciales.
Judiciales17 de noviembre de 2026

La situación de los afiliados de la Obra Social Unión Personal, perteneciente al ámbito de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), en Tucumán, merece una profunda preocupación. A las dificultades para acceder a las prestaciones médicas se suma una decisión que agravó aún más el panorama: el cierre de la atención presencial en la provincia y la implementación de un sistema exclusivamente digital para gestionar autorizaciones, órdenes médicas y demás trámites administrativos.

Lo que debería representar una herramienta para agilizar la atención se ha convertido, según los reclamos de numerosos afiliados, en un verdadero obstáculo para acceder a prestaciones que no constituyen un favor ni una concesión de la entidad, sino derechos vinculados directamente con la salud.

Los usuarios denuncian que la plataforma presenta inconvenientes reiterados: dificultades para ingresar, imposibilidad de completar los formularios, campos que no permiten cargar correctamente la información y obstáculos que impiden finalizar los trámites. La reiteración de estos problemas genera sospechas y malestar entre los afiliados, quienes consideran que el sistema, lejos de facilitar las gestiones, termina desalentando los reclamos y dificultando el acceso a la cobertura.

Una carrera de obstáculos para conseguir una prestación médica

Uno de los casos relatados permite dimensionar la gravedad del problema.

Una afiliada necesitaba obtener la autorización para la realización de estudios médicos indicados por su profesional tratante. Sin embargo, comenzó un recorrido administrativo que parece no tener fin.

Primero, no pudo ingresar al sistema para presentar la documentación. Luego de superar esa dificultad, recibió como respuesta que los papeles presentados por el médico estaban vencidos.

Ante esa observación, volvió a solicitar la documentación y presentó nuevamente la orden médica. Pero entonces apareció otra objeción: desde la obra social señalaron que la letra del profesional no era suficientemente clara.

Una vez aclarada esa cuestión, surgió un nuevo impedimento. Esta vez, el argumento fue que la orden no identificaba quién sería el prestador encargado de realizar los estudios.

De esta manera, una gestión que debería resolverse mediante procedimientos administrativos razonables se transformó en una sucesión de exigencias y rechazos que prolongan innecesariamente el acceso a una prestación médica.

La pregunta resulta inevitable: ¿cuántas veces debe un paciente volver a presentar la misma documentación para conseguir que una obra social cumpla con su obligación de brindar cobertura?

Y, sobre todo, ¿qué sucede cuando el tiempo de espera compromete la salud de una persona que padece una enfermedad crónica o de gravedad?

La Justicia interviene, pero los problemas continúan

La preocupación adquiere una dimensión todavía más grave cuando se conocen situaciones de afiliados con enfermedades crónicas que debieron acudir a la Justicia para obtener la cobertura de estudios y prestaciones médicas.

Según los reclamos conocidos, existen casos en los que se obtuvieron resoluciones judiciales favorables a los pacientes y, pese a ello, las prestaciones continúan demorándose o encuentran nuevos obstáculos administrativos.

De confirmarse estos incumplimientos, no estaríamos simplemente ante deficiencias de atención al afiliado o problemas burocráticos. Estaríamos frente a una situación de extrema gravedad institucional, que compromete el derecho a la salud y exige explicaciones de las autoridades responsables.

Una sentencia judicial no puede convertirse en una nueva etapa de un interminable trámite administrativo. Las decisiones de la Justicia deben cumplirse, especialmente cuando están comprometidos derechos fundamentales y la salud de personas que necesitan atención oportuna.

Los afiliados del interior también tienen derechos

Otro aspecto que genera indignación es la situación de los afiliados que residen fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los aportes de los trabajadores se realizan en todo el país. Sin embargo, los afiliados tucumanos denuncian que la entidad ha dejado de brindar atención presencial en la provincia y que deben resolver sus necesidades mediante canales digitales que, según sostienen, no ofrecen respuestas adecuadas.

Esta situación plantea un interrogante legítimo: ¿los trabajadores del interior tienen los mismos derechos que aquellos que viven en la Capital Federal?

Una obra social de alcance nacional no puede desentenderse de sus afiliados por razones de distancia geográfica. La cobertura médica debe garantizarse con independencia del lugar de residencia de quien aporta mensualmente.

No resulta razonable que un trabajador tucumano tenga los mismos descuentos salariales que uno de la Capital Federal, pero encuentre mayores dificultades para acceder a una consulta, conseguir una autorización o realizarse un estudio médico.

La igualdad en las obligaciones de los afiliados debe tener su correlato en la igualdad de acceso a las prestaciones.

El cierre de la atención presencial agrava el desamparo

La eliminación de la atención presencial en Tucumán deja a los afiliados sin una instancia directa para plantear problemas, presentar documentación, solicitar explicaciones o resolver situaciones urgentes.

La atención digital puede ser una herramienta válida y complementaria, pero no debería transformarse en una barrera que termine excluyendo a quienes necesitan asistencia.

Mucho menos cuando se trata de personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas o afiliados que requieren autorizaciones médicas urgentes.

La tecnología debe estar al servicio de las personas y no convertirse en un mecanismo que dificulte el ejercicio de sus derechos.

Una explicación que las autoridades deben dar

Frente a este panorama, corresponde que las autoridades de Unión Personal y de UPCN brinden explicaciones públicas sobre el funcionamiento de la obra social en Tucumán.

Los afiliados tienen derecho a saber por qué se cerró la atención presencial, qué mecanismos existen para garantizar la continuidad de las prestaciones, quién responde por los trámites rechazados y qué medidas se adoptarán para evitar que las demoras administrativas afecten la salud de los pacientes.

También corresponde que los organismos nacionales de control examinen los reclamos, especialmente aquellos relacionados con la falta de cobertura de enfermedades graves y con el eventual incumplimiento de resoluciones judiciales.

Los trabajadores cumplen mensualmente con sus aportes. No están pidiendo privilegios ni tratamientos especiales. Están reclamando algo elemental: que la obra social para la que aportan responda cuando necesitan atención médica.

Porque detrás de cada trámite rechazado hay una persona. Detrás de cada autorización demorada puede haber un paciente cuya salud no admite esperas. Y detrás de cada afiliado que debe recurrir a la Justicia para obtener una prestación existe un sistema que merece ser seriamente revisado.

La salud no puede quedar atrapada en una plataforma que no funciona, en una oficina que cerró sus puertas ni en una burocracia que parece no tener fin. Los afiliados de Tucumán merecen respuestas, prestaciones y respeto por sus derechos.

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