
La Rosada prepara el remate de las joyas de la abuela de Tucumán

El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, dispuso una nueva extensión de los contratos de operación de cinco concesionarias hidroeléctricas del país, entre ellas Hidroeléctrica Tucumán S.A., empresa responsable de administrar las centrales de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo. La decisión fue oficializada mediante el Decreto 1349/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece como fecha límite el 30 de abril de 2027.
La resolución, que lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, forma parte del proceso de reorganización de los activos energéticos nacionales y constituye una medida transitoria mientras el Ejecutivo avanza en la elaboración de los pliegos para convocar a nuevas licitaciones.
En el caso de Tucumán, los tres complejos hidroeléctricos representan una potencia instalada conjunta de 51,6 megavatios (MW), que se incorpora al sistema eléctrico interconectado nacional.
Los plazos establecidos para las actuales operadoras
El decreto determina condiciones específicas para las empresas que actualmente tienen a su cargo la explotación de las centrales. A partir de la entrada en vigencia de la medida, dispondrán de siete días corridos para manifestar formalmente su adhesión a la prórroga.
En caso de no aceptar la extensión contractual, deberán asegurar la continuidad de las operaciones durante un período mínimo de 45 días hábiles, hasta que el Estado nacional determine cómo se realizará la transición hacia el nuevo esquema de adjudicación.
De esta manera, la continuidad de las empresas actuales queda sujeta a las condiciones establecidas por el Ejecutivo, mientras se prepara el procedimiento para transferir la explotación de estos activos al sector privado mediante licitaciones.

Cinco empresas y centrales de distintas provincias
La extensión contractual comprende instalaciones hidroeléctricas distribuidas en diferentes puntos del país, con una capacidad total de generación de 1.127,7 MW.
Además de Hidroeléctrica Tucumán S.A., la medida incluye a AES Argentina Generación S.A., responsable de las centrales Cabra Corral y El Tunal, en Salta, con 111,1 MW; y a Hidroeléctrica Río Hondo S.A., que opera los complejos Río Hondo y Los Quiroga, en Santiago del Estero, con 17 MW.
También están alcanzadas Hidroeléctrica Futaleufú S.A., en Chubut, cuya central cuenta con 560 MW de potencia instalada, y Hidroeléctrica Diamante S.A., en Mendoza, que administra Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre, con una capacidad conjunta de 388 MW.
Un proceso de privatización que alcanza a otras represas
La decisión se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno nacional para avanzar con la concesión privada de infraestructura energética. En ese marco, ya se encuentran en marcha procedimientos licitatorios vinculados con otros complejos hidroeléctricos de importancia, como Cerros Colorados, El Chocón-Arroyito, Alicurá, Piedra del Águila y Los Nihuiles.
La Secretaría de Energía tiene a su cargo la preparación de los pliegos y las condiciones que regirán los futuros contratos.
Por ahora, las centrales tucumanas continuarán bajo el esquema operativo vigente durante el período de prórroga. Sin embargo, el horizonte fijado por el decreto anticipa un nuevo escenario para El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, cuya administración podría quedar en manos de otros operadores a partir del proceso de licitación.
El plan también incluye al sistema ferroviario
En paralelo con los cambios previstos para el sector energético, el Ministerio de Economía avanzó en la concesión de la infraestructura ferroviaria de cargas. La iniciativa contempla las líneas Belgrano Cargas, General San Martín y General Urquiza, mediante contratos de explotación por un período de 50 años.
El proyecto comprende 7.594 kilómetros de vías e inmuebles distribuidos en 16 provincias. El esquema propuesto no establece el pago de un canon al Estado nacional y permite que los futuros concesionarios obtengan recursos mediante el cobro de peajes y la explotación comercial de propiedades ubicadas junto a los trazados ferroviarios.
Por otra parte, el Ejecutivo mantiene bajo análisis otros activos estatales que podrían incorporarse a futuros procesos de participación privada. Entre ellos figuran Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Energía Argentina (Enarsa) y Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA).
En el caso de NASA y YCRT, la Ley de Bases establece que el Estado deberá conservar al menos el 51% de la participación accionaria. Para YCRT, además, ya se recibieron propuestas de inversión por 120 millones de dólares.
Así, mientras la Nación redefine el esquema de administración de sus empresas e infraestructura, Tucumán queda incluido en un proceso que podría modificar el control y la explotación de tres de sus principales instalaciones hidroeléctricas.


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