Denuncian a otro funcionario del Gobierno nacional por presunto enriquecimiento ilícito

En medio del sacudón que envuelve al Gobierno tras las sospechas por el crecimiento del patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras conocerse propiedades a su nombre y un viaje familiar a Punta del Este en avión privado que no se compatibilizan con los ingresos consignados por el funcionario libertario en la última declaración jurada presentada, una denuncia contra el gerente de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Mario Gutiérrez, en la que se lo acusa de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica de la creación jurada, y de aumentar casi 30 veces su patrimonio en dos años, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) encabeza este viernes una protesta desde las 12 frente a la sede del organismo, en Bartolomé Mitre 434, Ciudad de Buenos Aires.

“Todos los días aumenta la corrupción en el Gobierno. La conducta desplegada por las autoridades de la Superintendencia es inaceptable. Exigimos una explicación detallada ya que las graves irregularidades y los delitos que se están cometiendo comprometen la transparencia de la institución y deterioran la confianza pública”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

En este marco, el dirigente agregó: “El intento de llevar adelante un vaciamiento del organismo es un ataque directo a la capacidad que tiene el Estado de garantizar servicios esenciales. Es notoria la incapacidad de gestión que tienen en esta institución y afectan el acceso a la salud de los sectores sociales más vulnerables”.

“¿Cómo se explica que digiten controles a las obras sociales más chicas mientras miran para otro lado frente a los incumplimientos groseros de las empresas de medicina prepaga? ¿O que a algunas obras sociales les están permitiendo el cobro de coseguros, aranceles o plus diferenciados que son ilegales?”, cuestionó el gremialista. Y agregó: “La Superintendencia ha funcionado durante décadas gracias a la exclusiva responsabilidad, esfuerzo, sacrificio, vocación de servicio y profesionalidad de sus trabajadores. No vamos a permitir que la destruyan”. “Los funcionarios actúan de manera dolosa porque le quieren favorecer los multimillonarios negocios a las empresas de medicina privada. Vinieron a saquear y destruir el sistema nacional de obras sociales y no vamos a permitir que lo hagan”, concluyó Aguiar.

El sindicato además brindará una conferencia de prensa desde las puertas del organismo a las 12 del mediodía. La denuncia anónima fue radicada en el juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 11 (secretaría 22), bajo el número CFP 1086/26, y también en la Oficina Anticorrupción.

El funcionario, que fue designado como gerente de Administración de la SSS a partir del 1° de agosto de 2024, luego de haberse desempeñado como subgerente de Control Prestacional de Medicina Prepaga, figura como deudor tipo 1 en el Banco Central y no puede justificar gastos de tarjeta de crédito por 60 millones de pesos. De acuerdo a la denuncia, en su DD.JJ. no se registran herencias, donaciones ni otros ingresos extraordinarios que justifiquen su evolución patrimonial.

Otro de los ejes de la denuncia apunta a la presunta falsedad en la declaración jurada. Mientras el funcionario consignó no tener deudas al cierre de 2024, los registros de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina reflejan obligaciones superiores a los 12 millones de pesos en ese mismo período, distribuidas entre distintas entidades financieras, de acuerdo a lo que informa Infogremiales. Además, en enero de 2025, una de esas deudas se incrementó en más de 27 millones de pesos en un solo mes, sin correlato en los ingresos declarados.

La presentación judicial también detalla la adquisición de bienes de alto valor en los primeros meses de gestión: una camioneta Chevrolet TrailBlazer, una motocicleta de alta gama y un incremento de US$ 400 a más de US$11.000 en apenas siete meses, también sin origen declarado. Como gerente de Administración de la SSS, Gutiérrez tiene intervención directa en la ejecución presupuestaria del organismo, la emisión de órdenes de pago y la supervisión de contrataciones.

Paralización del organismo y amenaza de despidos

En este marco, ATE denunció que las autoridades “ordenaron una paralización intencional del organismo cajoneando los reclamos de los usuarios, siendo este un ataque al derecho a la vida de las personas”.

Ante esta situación, el sindicato realizó el pasado viernes “paros a la japonesa” que consistieron en redoblar el esfuerzo de los trabajadores para acelerar la resolución de reclamos, con el objetivo de “mostrar el papel central que cumple el personal del organismo en la defensa del derecho a la salud”. El gremio de estatales también acusó al superintendente Claudio Stivelman de generar “una paralización intencional del organismo cajoneando los reclamos de los usuarios, siendo este un ataque al derecho a la vida de las personas”.

“Es evidente que el superintendente y sus funcionarios están desplegando conductas delictivas. Intentan paralizar todas las tramitaciones para vaciar el organismo y evitar de esta manera controlar a las prepagas. No existen dudas acerca de que desde la Superintendencia se favorecen negocios multimillonarios a cambio de la muerte de numerosos pacientes”, denunció Rodolfo Aguiar. La medida de fuerza se votó a través de una asamblea en la sede central del organismo, informó el gremio en un comunicado.

“Están llevando adelante un accionar de extrema gravedad como es ocultar y frenar un gran número de expedientes con reclamos y es por eso que hemos definido esta medida de fuerza a la japonesa. Vamos a atender en la puerta para ponerlos en evidencia”, agregó Aguiar.

Además, el sindicato pudo verificar que la Superintendencia maneja con discrecionalidad la aplicación de sanciones, evitando multar a las grandes empresas de medicina prepaga y actuando con dureza contra las obras sociales más chicas, las cuales pretenden extinguir. ATE también manifestó que la gestión actual del organismo promueve un sistema de mediación prejudicial no obligatoria denominado “PROMESA”, que trasladará los costos al beneficiario y fomentará la judicialización de los conflictos.

Esta situación se suma al reclamo por la obra social Unión Personal, la cual aplica coseguros diferenciados a trabajadores estatales que no estén afiliados a UPCN, una práctica discriminatoria e ilegal, como así también coseguros para las intervenciones quirúrgicas, los cuales violan el Plan Médico Obligatorio.