La violencia en las escuelas volvió al centro de la escena tras el asesinato de un alumno a manos de otro en San Cristóbal, provincia de Santa Fe, durante una jornada escolar. El hecho ocurrió en la mañana del lunes y plantea interrogantes sobre el clima en los establecimientos educativos, el rol docente y la respuesta estatal ante situaciones límite.
La analista María Migliore y el profesor secundario Manuel Becerra abordaron cómo la conflictividad social se traslada a las aulas, el impacto sobre estudiantes y la capacidad de contención del sistema escolar.
Migliore comenzó explicando que el dato central de los estudios más recientes muestra que “3 de cada 10 estudiantes reconoce haber agredido a un compañero” y que “más de la mitad presenció agresiones entre pares en el último año”. Además, remarcó: “6 de cada 10 chicos de sexto grado fueron víctimas de agresiones o bullying y casi 4 de cada 10 se sienten discriminados en algún aspecto”. Estos indicadores surgen de informes nacionales y evidencian un contexto desafiante para las escuelas.
El docente Manuel Becerra, con experiencia en escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que no observa “más violencia que antes” entre los alumnos, pero sí un agravamiento de las condiciones materiales y una mayor demanda sobre la escuela en materia social. “En mi escuela veo estudiantes peor dormidos, mal alimentados y con una necesidad permanente de estar con el celular. Nosotros mismos estamos igual”, expresó.
En relación al rol de la escuela frente a situaciones de vulnerabilidad y violencia familiar, Becerra describió: “Cuando se detecta un caso, la escuela debe informar a la conducción y esta a las agencias estatales. El problema es que la respuesta muchas veces no llega y los casos tienden a volver al punto de partida”. Señaló además la sobrecarga que supone para los directivos y docentes, que dedican buena parte de su tiempo a gestionar cuestiones sociales, en detrimento de la tarea estrictamente educativa.
Migliore sumó: “Muchas veces el vicedirector o director de una escuela pública está más tiempo apagando conflictos sociales que planificando cómo esos chicos aprenden más”. En tanto, Becerra ejemplificó: “Cuando se activa un protocolo y, por ejemplo, una nena debe ser separada de su hogar, muchas veces termina volviendo por decisión de otra agencia. Eso sucede todo el tiempo y genera un gran desgaste en la escuela”.
El debate también abordó el impacto de los salarios y las condiciones laborales. Un rector de escuela secundaria, citado durante la conversación, advirtió: “Mis docentes cobran un millón ochocientos mil pesos por ocho horas de trabajo. No pueden más”. Becerra acotó: “Yo tengo seis trabajos para llegar a fin de mes. El deterioro social afecta tanto a los estudiantes como a los trabajadores de la educación”.
La discusión mostró diferencias sobre el cambio en la naturaleza de los conflictos. Para Migliore, “cambió el tipo de conflicto y los padres también están más desbordados”, mientras que Becerra destacó que “la cantidad de conflictos no se modificó, pero sí cómo estamos los trabajadores y eso genera nuevas tensiones”.
Respecto a las respuestas de las familias, Becerra comentó: “En la escuela donde trabajo, en general las familias están absolutamente absorbidas por llegar a fin de mes y tienen poco tiempo para involucrarse”. Analizó que la violencia y las tensiones sociales atraviesan a toda la comunidad educativa, incluidos docentes y padres.
El docente también reflexionó sobre el significado del bullying: “Hace treinta años, muchas situaciones no se consideraban un problema; hoy entendemos que el maltrato y la discriminación son parte de una tragedia social mayor”. Subrayó que ese clima ingresa a la escuela desde el exterior y que ningún sector está exento.
Becerra respondió sobre la motivación para ser docente en el contexto actual: “Sigue habiendo quienes eligen la docencia como salida laboral, aunque con motivaciones distintas. Antes se asumía como una cuestión política, hoy también por necesidad o deseo de transmitir cultura”.
En tanto, Migliore agregó que, en localidades del interior del país, la docencia y la policía “se transformaron prácticamente en un subsidio de desempleo”. Remarcó la necesidad de discutir con honestidad la función de la escuela pública y evitar soluciones simplistas ante situaciones que, como en el caso de Santa Fe, involucran múltiples dimensiones sociales.
La conversación entre ambos especialistas concluyó con otra mirada sobre la cotidianeidad en las escuelas públicas. Becerra afirmó: “El 95 % del tiempo uno da clase, los estudiantes trabajan. Los episodios extremos no son el día a día, aunque impacten fuerte en la comunidad educativa y demanden energía y recursos”.
El desafío, según coincidieron, es lograr que la escuela recupere su centralidad y capacidad de respuesta ante las múltiples demandas que recibe cotidianamente, en un contexto de creciente desigualdad y presión social.
