En un contexto de crecimiento económico que no logra traducirse en una recuperación sostenida del consumo masivo, y con una inflación aún en ascenso, la mora en los créditos aparece como tema prioritario en la agenda de las empresas. Al mismo tiempo, el dato de que 1 de cada 3 celulares se importan ilegalmente realza la preocupación por el avance persistente del contrabando de productos importados.
El fenómeno explica parcialmente que la irregularidad de la cartera de préstamos a las familias haya superado el 10% en enero y casi triplicado el promedio de la región. El dato enciende alarmas en todo el ecosistema comercial, pero el caso más evidente es el de electrodomésticos.
Distintas cadenas reconocen a este medio que los niveles de morosidad ya se ubican entre el 30% y el 40%. Se trata, justamente, de un rubro que había logrado sostener ventas en un contexto recesivo a partir de cuotas y promociones.
Entre los factores que explican el atraso en los pagos aparecen los niveles de tasa de interés y el creciente peso de las cuotas en los ingresos. Según la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, en el último año más de 2 millones de créditos entraron en situación de atraso: 1 millón solo con fintech, tarjetas de consumo y otras entidades no financieras; 450 mil solo con bancos; y el resto con ambas. El 25% de los préstamos tiene algún tipo de irregularidad en su pago.
“En 2024 y 2025, el consumo cayó menos que el salario real y el empleo: el complemento de ingreso vía crédito lo sostuvo (un poco). En 2026, aumento de mora y pago de cuotas mediante, podría acelerar el deterioro de la demanda más que atenuarlo”, prevén desde el banco.
En este contexto, el BCRA dispuso que a partir de abril se aplica una baja de encajes bancarios, tras la eliminación adicional de 5 puntos, reduciéndolos sobre los depósitos a la vista aproximadamente del 50% al 45%.
Respecto al impacto sobre el crédito, el economista Roberto Cachanosky estima que este recorte podría incrementar en un 6% el crédito al sector privado. Sobre el destino de esos fondos, el interrogante gira en torno a la posibilidad de otorgar nuevos créditos o comprar bonos atados a la inflación, a raíz de la aceleración inflacionaria prevista para los próximos meses.
A su vez, el Banco Nación presentó el lunes una nueva promoción para financiar equipamiento del hogar en cuotas de 3, 6, 12, 15, 18 y hasta 20 cuotas sin interés, vigente hasta el 31 de mayo.
“Está heavy lo del consumo. Ni indicios de mejora, está demasiado parado. Si no bajan las tasas, esto se congela”, advierte un empresario de una importante cadena de supermercados a este medio.
En paralelo, las empresas se reúnen con distintos referentes de la política que presentan alternativas para reducir la morosidad, aunque deben pasar por el Congreso de la Nación. Así, empresas de electrodomésticos y otros bienes durables, como motos, mantuvieron un encuentro con el diputado nacional por Unión por la Patria, Guillermo Michel, a principios de marzo, quien presentó un proyecto destinado a las familias endeudadas.
La iniciativa propone un crédito vía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES con un monto máximo de $1,5 millones, tomando la tasa TAMAR más 10 puntos porcentuales. El préstamo estaría orientado a jubilados, trabajadores, monotributistas y beneficiarios de planes sociales.
Esta información, junto con los encuentros con el diputado, llegó a la última reunión de la comisión de Comercio Interior de la Cámara Argentina de Comercio. Aunque desde la entidad manejan absoluto hermetismo, el tema genera debates acalorados en el sector.
En febrero, el propio presidente de la CAC había advertido que algunas empresas “quedarán en el camino”, pero “es el precio que hay que pagar” para tener “una Argentina normal”.
De todos modos, tanto desde el despacho de Michel como desde fuentes empresariales, se entiende que entre el proyecto y su aprobación hay una distancia considerable.
En primer lugar, por los lineamientos del programa económico del Gobierno. “Lavigne (secretario de Comercio) no comulga con regalar plata del ANSES, pero saben que algo hay que hacer con el tema”, cuenta un empresario.
En segundo lugar, porque la iniciativa se contrapone con el Decreto 1039/2024, que elimina facultades de la ANSES para otorgar créditos.
Al mismo tiempo, las empresas enfrentan otro problema que crece en silencio: el avance del contrabando de productos importados.
Según el sector privado, la reducción de la brecha cambiaria, aunque positiva en términos macro, también genera un efecto colateral: vuelve más atractivo el ingreso ilegal de productos. “Cuando la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo era elevada, el contrabando perdía incentivo. Hoy, con una brecha más acotada, el incentivo reaparece”, explican.
El caso de los celulares es particularmente relevante. A través del sistema IMEI, las compañías pueden rastrear el origen de los dispositivos activados en la red.
Los resultados de AFARTE son contundentes: uno de cada tres teléfonos que se encienden en la Argentina no fue fabricado localmente ni importado legalmente.
El fenómeno también impacta en sectores como calzado, neumáticos, cerveza y harinas. Frente a esto, la UIA conformó una mesa multisectorial para coordinar acciones.
Entre las iniciativas aparece un proyecto de ley impulsado por Michel y Kelly Olmos para limitar la venta de productos ilegales en plataformas digitales. El texto busca que las plataformas sean “responsables solidarios” y garanticen información transparente sobre los productos.
Mientras tanto, el Gobierno avanzó en protocolos de detección temprana en fronteras, aunque en el sector privado consideran que las respuestas aún son insuficientes. “El Ejecutivo es súper receptivo pero después la resolución no es la esperada. Y las plataformas se hacen bastante las distraídas”, remarcan.
Desde el 15 de enero de 2026, rige en Argentina el arancel 0% para la importación de celulares, tras el decreto 333/2025.
Sin embargo, según AFARTE, la cantidad de equipos importados no aumentó. Entre enero y abril de 2025 ingresaron 185.538 unidades, mientras que entre mayo y diciembre la cifra cayó a 148.844.
En todo 2025, el total de celulares importados legalmente fue de 334.194 unidades, incluso por debajo de 2024. Así, los equipos importados de manera formal representaron apenas el 5% del mercado en 2025, frente al 6% del año anterior.
