El FMI alerta por "inflación prolongada"

En América Latina y el Caribe “una drástica caída de los precios de las materias primas y el malestar social son riesgos importantes” advierte el informe Perspectivas Económicas Regionales para las Américas del Fondo Monetario Internacional bajo el título de “Navegando condiciones financieras más restrictivas”, presentado este miércoles en Santiago de Chile.

El FMI redujo las previsiones de crecimiento para América Latina y el Caribe, que pasaría de crecer 3,5% este año a 1,7% el próximo. En el caso de la Argentina, se prevé que la actividad se expanda 4% en 2022 para reducirse a 2% el año próximo.

El documento señala que la evolución económica reciente en las Américas — Estados Unidos, Canadá, y América Latina y el Caribe — ha estado dominada por el impacto de dos shocks mundiales distintos: la pandemia de COVID19 y luego la invasión de Rusia a Ucrania. A estos impactos se agrega un tercer shock — el endurecimiento de las condiciones financieras —.

En medio del endurecimiento monetario y financiero mundial, y la consiguiente ralentización del crecimiento mundial y la moderación de los precios de las materias primas, se prevé que la actividad se desacelere en toda la región de las Américas a finales de 2022 y en 2023, al tiempo que se espera que las presiones inflacionarias cedan gradualmente.

Los riesgos a la baja predominan en las perspectivas, y se vinculan con las condiciones financieras más restrictivas, una desaceleración mundial más pronunciada y el arraigamiento de la inflación.

Endurecimiento monetario

El FMI señala que, aunque los precios elevados de las materias primas han sido una fuerza de contrapeso importante del endurecimiento de las condiciones financieras internacionales a principios de 2022, la evidencia sugiere que, tradicionalmente, la política monetaria estadounidense ha tenido un impacto negativo considerable sobre los precios de las materias primas exportadas en América Latina y el Caribe. Esto “sugiere que una contracción monetaria brusca en Estados Unidos también podría extenderse a través de la disminución de los precios de las materias primas”.

En tanto, “la inflación en las principales economías de América Latina es la más alta en casi dos décadas”. Para el caso de Sudamérica, el índice de precios se aceleró de 14,1% anual en 2021 a 18% en 2022, aunque se espera que se reduzca a 12,1% el año próximo. Para Argentina los datos son consistentes con las proyecciones oficiales: 95% para el año en curso y 60% para 2023.

El trabajo explica que inicialmente, las presiones sobre los precios fueron consecuencia principalmente de shocks externos, pero se tornaron más persistentes y generalizadas con el tiempo.

Ante las mayores desviaciones con respecto a las metas de los bancos centrales observadas en los últimos años y el crecimiento de los salarios nominales, advierte que “el riesgo de que se instaure un proceso inflacionario prolongado es elevado”.

Asimismo, a pesar de que las expectativas de inflación a largo plazo, en líneas generales, se han mantenido ancladas, las expectativas a corto plazo han registrado un incremento gradual, “señal de que el riesgo de desanclaje está en aumento”.

Recomienda que, visto que los datos demuestran que la política monetaria logra contener la inflación y conlleva efectos sobre el producto meramente transitorios, los bancos centrales deben estar preparados para endurecer aún más la política monetaria, de ser necesario, para responder a una inflación persistente, y no relajarla de forma prematura.

Por otra parte, se señala que históricamente, el bajo nivel de productividad ha impedido que América Latina y el Caribe mejore sus niveles de vida de una manera sostenible. Al respecto, considera que la agenda de los países de la región en esta materia “debería centrarse en construir un entorno empresarial más previsible y eficiente que ofrezca incentivos para hacer inversiones que incrementen la productividad y la formalización del trabajo y las empresas, y que facilite una reasignación de recursos rápida y eficiente en tiempos de crisis”.

Se señala que las regulaciones laborales y empresariales onerosas y desactualizadas, junto con una tributación compleja y que genera grandes distorsiones, se asocian con economías menos dinámicas y un mayor nivel de informalidad. A su vez, la informalidad pone trabas a la productividad porque las empresas informales son menos productivas que las formales y porque las regulaciones crean una cuña entre ellas, influyendo negativamente en la rentabilidad de las empresas formales y en su capacidad de implementar inversiones que eleven la productividad.

Por lo tanto, reformas tales como el fortalecimiento del diseño de los impuestos sobre el trabajo y el capital, junto con mejoras en los marcos normativos, podrían bajar los costos de cumplimiento para las empresas formales y generar un incremento de la productividad.

Esas reformas, combinadas con un mayor fortalecimiento de los regímenes de insolvencia, de tal forma que no penalicen excesivamente la quiebra y faciliten la salida de las empresas, también podrían fomentar reasignaciones que incrementen la productividad.

También se considera necesario reconstruir el capital humano de la región revirtiendo las grandes pérdidas educativas provocadas por la pandemia. Esto será crucial -enfatiza- para el programa de productividad de la región, debido al importante papel que una fuerza laboral calificada cumple en la innovación y la adaptación tecnológica para aprovechar mejor las oportunidades pospandemia, tales como el auge de la automatización y la economía digital.

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