Presunta red de corrupción de menores con captación a través de videojuegos y chats
Pelayo
Una denuncia por un presunto hecho de corrupción de menores encendió las alertas en el sur de Tucumán y dio origen a una investigación que ya quedó bajo la órbita de la Justicia Federal. Según informó La Gaceta, el expediente describe un posible mecanismo de captación de niños y adolescentes a través de videojuegos y aplicaciones de mensajería, con indicios de conexiones que podrían trascender los límites de la provincia.
El caso tuvo su origen en la Justicia ordinaria, tras la presentación de una mujer que aseguró haber tomado conocimiento de la existencia de material sensible vinculado a un menor. De acuerdo con su relato, el acercamiento a los chicos se habría producido mediante plataformas digitales asociadas a juegos en línea, donde adultos ofrecían recompensas virtuales a cambio de imágenes o videos.
Siempre en base a la denuncia, la maniobra comenzaba con propuestas aparentemente inofensivas —como créditos o beneficios dentro de los juegos—, pero luego derivaba en solicitudes de mayor gravedad. La mujer también advirtió sobre la posible participación de otras personas, algunas con contactos fuera de la provincia e incluso con características internacionales.
Frente a estos elementos, el fiscal interviniente solicitó el pase de la causa al fuero federal, planteo que fue aceptado por la Justicia al considerar que podría tratarse de un delito de carácter interjurisdiccional. Así, la investigación quedó en manos de la Justicia Federal de Tucumán.
El expediente vuelve a poner en agenda una problemática en crecimiento: la utilización de entornos digitales frecuentados por menores como vía de acceso para delitos como el grooming y la explotación. Especialistas advierten que el anonimato, la masividad y los sistemas de recompensas propios de los videojuegos favorecen este tipo de prácticas.
La causa se encuentra en una etapa inicial y se tramita bajo estricta reserva. Entre las principales líneas de trabajo figuran la identificación de los posibles responsables, el análisis de las comunicaciones y la determinación de si existe una red organizada detrás de los hechos denunciados. También se prevé la adopción de medidas de resguardo para los menores involucrados.