Una cooperativa de carboneros acusa a otra con banca política de usurpar un predio fiscal para venderlo

En Tucumán, una disputa por tierras fiscales en la ribera del río Salí amenaza con desmantelar más de una década de trabajo comunitario.

La cooperativa “Cartoneros en Movimiento” denunció que un grupo, incluyendo presuntos policías activos, usurpa parte del predio donde producen materiales de construcción. Esta acción ilegal está obstaculizando sus actividades y promoviendo la venta no autorizada de terrenos.

La cooperativa, establecida en 2012 bajo el programa Potenciar Trabajo y respaldada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, opera cerca del puente Lucas Córdoba. Este lugar estratégico, por su cercanía a fuentes de áridos, ha permitido a las familias criar galpones, produciendo bloques, postes de cemento y macetas.

“Éramos 60 familias que vivíamos de esto, pero tras el agravamiento de los conflictos, quedamos apenas 10 trabajando. El resto se tuvo que ir”, relató César Rodríguez, vocero del grupo. “Lo único que pedimos es recuperar las tierras para seguir trabajando”, añadió.

Una muerte disparó los problemas

Los problemas comenzaron en 2023, tras el fallecimiento de Miguel Malangoni, líder del proyecto. Rodríguez afirma que miembros de la cooperativa “La Arbolada” solicitaron permiso para utilizar un galpón. "Accedimos por su respaldo político, pero luego uno de ellos se quedó a vivir ahí bajo la excusa de cuidar las cosas, y desde entonces todo empeoró”, explicó.

Con el tiempo, una familia llamada Herrera comenzó a ejercer control sobre el terreno, iniciando la venta de lotes fiscales. “Ofrecieron parcelas por $2 y $3 millones. Un aviso en redes sociales mostraba un terreno a $4 millones con financiación disponible. Fue escandaloso”, mencionó Rodríguez, quien presentó capturas de pantalla y fotografías de supuestos vendedores, incluidos policías, mostrando los terrenos a interesados.

El caso se encuentra bajo la supervisión del fiscal Carlos Saltor, de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, quien, tras descubrir indicios de actividad ilegal, ha asignado la investigación a su equipo. Un primer informe de la Dirección General de Rentas corroboró que las tierras en disputa son de dominio público: parte perteneciente a la Nación y otra a la Provincia.

Pedido de pruebas a ambas partes

Ante esta confirmación, la Fiscalía de Estado designó a los abogados José María Molina y Santiago Luis Xamena como representantes en el expediente. Se ha solicitado tanto a denunciantes como a implicados que presenten más pruebas para avanzar en el proceso.

“Tememos ser vinculados a esta maniobra. Nunca vendimos un metro de tierra”, sostuvo Rodríguez. “Queremos trabajar tranquilos. La cooperativa ‘La Arbolada’ nos perjudica, porque además de usurpar, produce lo mismo que nosotros, restando clientes a nuestro negocio”, agregó, refiriéndose a que “La Arbolada” elabora bloques, una actividad no prevista en su plan original, dificultando así el acceso a los recursos de “Cartoneros en Movimiento”.

Este caso se suma a una larga serie de conflictos por tierras fiscales en Tucumán, donde a menudo están involucradas organizaciones con respaldo político o conexiones institucionales.

Mientras tanto, la producción de “Cartoneros en Movimiento” permanece paralizada, y las familias que sostienen el emprendimiento claman por una solución que les permita recuperar su fuente de ingresos sin enfrentarse a la posibilidad de perder el predio definitivamente.