Contrabando simulado: la influencer santiagueña Valentina Olguín enfrenta una causa que puede terminar en prisión

En una investigación judicial sin precedentes en Tucumán, la Justicia Federal ha confirmado el procesamiento de Valentina Olguín, una cantante e influencer santiagueña de 27 años. Se le acusa de haber utilizado los datos fiscales de cinco gobernadores provinciales para realizar compras en el exterior y evadir los controles aduaneros. Esta causa, iniciada por el fiscal federal Agustín Chit tras una denuncia del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, podría llevar a Olguín a enfrentar una condena real.

El caso comenzó a cobrar notoriedad en noviembre pasado, sorprendiendo tanto por su audacia como por su impacto político. Olguín adquirió ropa en una tienda de Miami, haciendo parecer que las compras eran efectuadas por gobernadores como Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Luis Ziliotto (La Pampa), Marcelo Orrego (San Juan) y el propio Jaldo. El fiscal Chit explicó que se trató de un caso de contrabando simulado, ya que la acusada usó los datos de otros para evadir los límites establecidos para compras internacionales.

De la saturación del cupo al delito federal

Según el expediente, Olguín admitió en su declaración indagatoria que recurrió a las identidades de los gobernadores porque ya había agotado su propio cupo de compras del exterior, así como el de sus familiares y amigos. La ley permite hasta cinco compras anuales por un total de U$S 5.000, aunque en ese momento el límite era de solo U$S 1.000. Si bien la joven sostuvo que no tenía intenciones delictivas, la Justicia mantuvo una postura diferente.

El juez federal José Manuel Díaz Vélez confirmó el procesamiento en Tucumán y notificó a sus colegas en otras jurisdicciones para que continúen con las investigaciones relacionadas con los demás gobernadores. La acusación de contrabando simulado, conforme al Código Aduanero, prevé penas que oscilan entre dos y ocho años de prisión.

Un caso que se complica

Mientras tanto, las investigaciones avanzan en provincias como Buenos Aires, San Juan, Entre Ríos y La Pampa. En San Juan, el propio gobernador Orrego presentó una denuncia al enterarse del uso de su identidad, mientras que en Entre Ríos, el fiscal de Estado espera una notificación de la Justicia Federal. En La Pampa y Corrientes, también podrían surgir nuevos procesos.

Aunque Olguín podría recibir una condena condicional en el primer caso, esta posibilidad se desvanecería si se acumulan nuevas sentencias en su contra, lo que podría llevarla a una prisión federal.

Estrategias legales limitadas

Claudia Paz, defensora de Olguín, tiene pocas opciones. Podría apelar la decisión del juez Díaz Vélez o solicitar la unificación de las causas y proponer un juicio abreviado a cambio de una reparación económica, como una donación al Hospital de Niños de Tucumán. Sin embargo, el artículo 27 del Código Penal impide que los reincidentes accedan a una segunda pena condicional en menos de ocho años, lo que complica aún más su situación.

Además, se ha descartado la posibilidad de una probation, ya que no se permite en delitos aduaneros. Cada nueva causa que se abre en otras provincias agrava la situación judicial de Olguín, debilitando sus posibilidades de evitar una pena efectiva.

Un fraude con repercusiones institucionales

Más allá de los aspectos legales, el caso ha tenido un fuerte impacto político. Por primera vez, gobernadores han denunciado ser víctimas de fraude relacionado con delitos aduaneros. Lo que inició como una inusual maniobra de evasión ha revelado una red de estafas con implicancias federales, que podría sentar un precedente en la aplicación del Código Penal para figuras públicas.

Así, el país observa cómo una celebridad del espectáculo y las redes sociales enfrenta un complejo laberinto legal, que podría culminar en una condena sin precedentes para una influencer que confundió su ingenio con la ilegalidad.