Milei vetó la ley de emergencia para Bahía Blanca: anuló fondos por $200 mil millones para damnificados

El presidente Javier Milei vetó totalmente la ley de emergencia para Bahía Blanca, aprobada por el Congreso, que destinaba $200.000 millones para la reconstrucción de la ciudad tras las devastadoras inundaciones de marzo. El veto fue formalizado mediante el Decreto 424/2025, que firmó junto a Guillermo Francos (jefe de Gabinete) y Patricia Bullrich (ministra de Seguridad).

La ley contemplaba subsidios directos a damnificados, obras de infraestructura, créditos blandos y fondos para Coronel Rosales, otra localidad afectada por el temporal que dejó 290 milímetros de lluvia en pocas horas.

 
Las razones del veto

Desde el Ejecutivo argumentaron que la ley era de “imposible cumplimiento” porque no definía la fuente de financiamiento, como exige la Ley 24.156 de Administración Financiera. Además, afirmaron que Coronel Rosales no figuraba entre las zonas afectadas en los informes técnicos oficiales, como los del Servicio Meteorológico Nacional.

El Gobierno sostuvo que la asistencia a Bahía Blanca ya fue contemplada en el Decreto 238/25, a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y que el Banco Nación está habilitado para brindar ayuda financiera a PYMES.

 
El argumento fiscal

El oficialismo aseguró que la ejecución del fondo previsto en el decreto presidencial ya se encuentra en su etapa final y que duplicar esa asistencia con una nueva ley afectaría los “objetivos de política económica” del Gobierno en un contexto de “estrechez presupuestaria”.

“La ley no cuenta con previsión presupuestaria ni especifica los recursos para su financiamiento, tal como lo exige la normativa vigente”, detallaron en un extenso comunicado.

Fundamento constitucional

El Poder Ejecutivo invocó el artículo 83 de la Constitución Nacional, que le permite al Presidente vetar proyectos de ley. Desde la Casa Rosada remarcaron que se trata de una práctica habitual en las últimas cuatro décadas y que el decreto busca “preservar la razonabilidad de los actos públicos”.

“La finalidad de auxilio financiero ya ha sido atendida por el propio Ejecutivo. No tiene sentido aprobar otra norma sin respaldo económico”, señalaron.

 
¿Y ahora?

El proyecto regresó al Congreso, que podría insistir con su aprobación si logra reunir una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras. En caso de lograrlo, el veto presidencial quedaría anulado.

 
Esta decisión de Milei reaviva la polémica sobre el alcance del ajuste fiscal y la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Además, genera incertidumbre en Bahía Blanca, donde muchas familias y comercios aún esperan respuestas concretas para su recuperación.