Denuncian al BCRA y piden la nulidad de la restricción para los viajes

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio denunciaron inconstitucionalidad en la medida del Banco Central que prohíbe la financiación, mediante tarjetas de crédito, de pasajes al exterior y diferentes servicios turísticos y pidieron su derogación.

Los diputados Gustavo Menna, Mario Negri, Lorena Matzen, Martín Grande, Mariana Stilman, Julieta Marcolli, Gerardo Cipolini, Karina Banfi, Mónica Frade, Gustavo Hein, Dina Rezinovsky, Gabriela Lena, Alfredo Schiavoni, Ingrid Jetter y Luis Pastori alertaron que la medida "atenta contra la libertad de los argentinos de salir del país consagrada en la Constitución". 

“En el actual contexto de deterioro económico que ha provocado el gobierno, el sistema de compra en cuotas con tarjeta de crédito es la única alternativa con que cuentan quienes desean emprender un viaje al exterior por la razón que sea: turismo, trabajo, estudios, visita de familiares", argumentaron en un comunicado.

Afirman que “se está prohibiendo que miles de argentinos pueden ejercer su derecho de salir del país, libertad ésta reconocida en forma expresa en el artículo 14 de la Constitución". "Está claro que el Banco Central de la República Argentina carece de atribuciones para restringir este tipo de derechos, ya que esa competencia le asiste en forma exclusiva al Congreso de la Nación", enfatizaron.

El letrado Daniel Salagui explicó a Cadena 3 que "es una restricción que viola todos los parámetros establecidos en la Constitución".

"Las limitaciones a los derechos deben ser establecidas por leyes, no por resoluciones o decretos y tienen que ser razonables, es decir, proporcionales: no deben atacar al núcleo duro del derecho", explicó.

Y señaló que "en este caso se violan todos estos parámetros, porque al restringir a un grupo como es la clase media, hay toda una categoría que queda excluida, lo cual también es ilegal, genera la inconvencionalidad e inconstitucionalidad de la medida". 

A su vez, desde Republicanos Unidos, Yamil Santoro, Marina Kienast, José Magioncalda y Juan Martín Fazio, denunciaron a las autoridades del Banco Central por la misma medida por incurrir en “el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.

Según el partido, el artículo 248 del Código Penal establece una pena de prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, al "funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.”

Para los denunciantes, la comunicación “A” 7407 que impide la adquisición de productos turísticos en el exterior mediante tarjeta de crédito “vulnera la ley de tarjeta de crédito, la ley de defensa del consumidor, el Código Civil y Comercial de la Nación, y la Carta Orgánica del BCRA, así como las normas constitucionales que establecen el orden de prelación de las leyes y el derecho a entrar y salir del país”.