Prisión condicional: Concejales salteños cobraron el IFE

Todo sucedió en Salta, y la situación no podía ser más anormal para funcionarios públicos. Se trata del reprochable caso de Nicolasa Maras, una concejala de la provincia de Salta que ha sido condenada a la pena de tres años de prisión condicional, más la inhabilitación especial perpetua para poder ejercer cargos públicos por el delito de defraudación a la administración pública en concurso ideal con el incumplimiento a los deberes de funcionario público. Sin embargo no fue la única, ya que la Justicia accionó además sobre otros cinco concejales provinciales.

La cuestión pasó porque tanto Maras como sus colegas -en realidad un centenar de concejales- aprovecharon la oportunidad que vieron apenas comenzada la pandemia de coronavirus para inscribirse para el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) destinado por el Gobierno Nacional para “compensar la pérdida o grave disminución de ingresos de personas afectadas por la situación de emergencia sanitaria”.

Se trataba del cobro de $10 mil mensuales de parte de personas desocupadas, con trabajos informales, monotributistas de las categorías más bajas y trabajadores de casas particulares. Pero, muchos otros se aprovecharon de la medida de manera indebida. Entre ellos Nicolasa Maras en la localidad de Los Toldos, en Salta.

Los otros acusados han sido los concejales Paola Cantarella, Gabriela Cazón, Hector Sebastián Cari y Jesús Cuellar, reelectos en diciembre de 2021. La fiscalía ha solicitado condenas para los mencionados pero al mismo tiempo reclama que renuncien a sus cargos. Para el sexto de los acusados, identificado como José Reynaga, se ha reclamado un año y medio de condena y para los últimos dos implicados la absolución en el caso. La acusación fue escuchada por el Tribunal Oral Federal N° 1, conformado por el juez Marcelo Juárez Almaraz.

La mega causa judicial no podía dervivar en otra cosa más que un gran escándalo a nivel provincial, pese a que los involucrados decidieron volver atrás con su maniobra, devolver el dinero y incluso presentaron las renuncias a sus cargos para evitar males mayores para ellos.

El juico oral comenzó en febrero de 2022, una oportunidad en la que se han mostrado pruebas y se han escuchado testimonios que, según el fiscal Ricardo Toranzos, demostraban que “los imputados tenían pleno conocimiento de que el beneficio que el Estado implementó para paliar las circunstancias devenidas de la pandemia, no los comprendían, en tanto, el decreto que lo implementó establecía fehacientemente el sector al cual estaba dirigido: el más vulnerable de la población, personas que tenían trabajos informales”.

De todos modos, Toranzos manifestó que los concejales habían completado un formulario para inscribirse tal como si cumplieran los requisitos para el cobro del mencionado beneficio del IFE, mediante “ardid y engaño”.

Así pretendieron “percibir un beneficio social a sabiendas de que no les correspondía, toda vez que las personas con una relación de dependencia laboral” no estaban en condiciones de recibir el beneficio del IFE. Ningún acusado, de hecho, podía decir que no estaba debidamente al tanto del estado de cosas: las normas estaban claras en la página del ANSES cuando se anotaban para recibir el IFE.

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