Destitución de Pedicone: opositores apuntan contra la "Mafia Judicial" en Tucumán

Los principales referentes de la Unión Cívica Radical (UCR) de Tucumán dejaron de lado las diferencias políticas y electorales que marcan la interna de Juntos por el Cambio para apuntar con la “Mafia Judicial” que convive con el “poder político” en Tucumán y, aseguran, pone en riesgo “la institucionalidad en nuestra provincia": señalan puntualmente los casos Roxana Teves y Paulina Lebbos como los "más emblemáticos" de esa accionar.

Esta semana, el Jury de Enjuiciamiento de la Legislatura resolvió destituir al camarista Enrique Pedicone con los votos de los legisladores Javier Morof, Dante Loza, Alberto Herrera y Sara Alperovich, de Javier Critto en representación del estamento de los abogados y del fiscal de Estado de Tucumán, Federico Nazur. El vocal de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Posse, y el legislador Walter Berarducci lo hicieron en contra.

Los cargos que le endilgaron a Pedicone abarcaban desde una actuación sin competencia en la miniferia de agosto hasta dos cuestiones vinculadas con el conflicto con el vocal de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, a quien denunció por presunto tráfico de influencias luego de grabarlo -según afirma el destituido camarista- le requirió que "maneje la intensidad" para "que siga picando bajo" la denuncia por presunto abuso sexual contra el legislador Ricardo Bussi.

Pedicone fue apartado de su cargo por faltas al ejercicio de sus funciones vinculadas a la "grabación clandestina" de su diálogo con Leiva, la "coacción" del secretario Fernando Valladares en la elaboración de un acta y presuntamente haber violado los derechos de víctimas y su ignorancia al desoír a estas e imputados en numerosas causas en las que intervino.

En el encuentro de dirigentes radicales, el intendente de Yerba Buena Mariano Campero hizo uso de la palabra después del interventor Argañaraz y afirmó que "acá hay enquistados en el Poder Judicial una mafia, por decirlo de alguna manera, que está conectada con el poder político y que hoy ha dejado expresa esta situación que por supuesto repudiamos como Unión Cívica Radical".

"Es un tema bisagra para las instituciones de nuestra provincia. Repudiamos la injerencia de la política en una cuestión tan sensible como es la destitución de juez: los audios involucraban el nexo del poder entre el poder político y el judicial. Tenemos que tomar posición todos unidos y juntos, en un tema tan sensible como es el respeto por las instituciones", amplió el jefe municipal.

Campero requirió que "de una vez por todas el sistema judicial empiece a funcionar y dé respuestas", y alertó que "hay jueces que demoran entre cuatro y cinco años para resolver las causas y eso es injusticia", aunque resaltó que otros "tienen el despacho al día, sobre todo los nuevos que entran por concurso".

La senadora Silvia Elías de Pérez se refirió a la denominada "Mafia Judicial" y su forma de actuar en nuestra provincia:

"Hay falta de independencia de la Justicia, hay una Justicia cooptada por el poder de turno. Manzur y Jaldo tienen cooptada totalmente la Justicia tucumana y esto es muy grave porque si hay algo que es indispensable es el contrapeso entre los poderes.

Ya con la ley de acoples lograron cooptar la Legislatura teniendo una mayoría inusitada, y luego avanzaron con la Justicia primero con el Ministerio Público Fiscal, al ponerlo ahí al ministro público fiscal Jiménez lo que hicieron es poner un garante de impunidad.

Luego, con Leiva en la Corte pusieron otro garante de impunidad que hoy quedó absolutamente claro porque este garante de impunidad es capaz de apretar a los jueces para que hagan lo que el poder de turno le manda.

Cuando esto ocurre, impunemente se termina disciplinando a los jueces. Hay jueces que son de la ley y jueces que son del poder: los de la ley son buenos, porque actúan de acuerdo a lo que la ley dice, mientras que los jueces del poder actúan de acuerdo al poder de turno y adónde los mandan.Lo que han hecho en Tucumán es disciplinar a los jueces que actúan de acuerdo a la ley, esto ha sido un golpe de gracia muy grave porque lo que están haciendo es diciéndole a todos los jueces que actúan de acuerdo a la ley que no los van a dejar que sigan siendo jueces si no hacen lo que quiere el poder".

El diputado José Cano también expuso sobre la “Mafia Judicial” tucumana:

"Cuando hay un integrante del Poder Judicial que graba a un vocal de la Corte, y el vocal de la Corte le pide direccionar una causa en un sentido o en otro, se inmiscuye claramente. Aparte, argumenta que viene por pedido del gobernador y vicegobernador, y el vocal de la Corte termina diciendo que él nunca se reunió con Pedicone y después aparecen los audios: quieren desacreditar los audios, que están corroborados desde el punto de vista de un peritaje forense que son reales y termina echado, eyectado del Poder Judicial, el camarista que denunció un hecho grave e irregular de un vocal de la Corte.

Claramente hay una corporación político - judicial que garantiza impunidad. Cuando se garantiza impunidad se protege a mafias, porque si hay impunidad y el ciudadano de pie ve que hay una denuncia de abuso sexual y la supuesta víctima no puede ejercer su derecho en esa denuncia y el supuesto victimario, el legislador, tampoco puede ejercer su derecho a la defensa porque hay un vocal de la Corte que dice que la causa la maneje 'abajo', que le ‘baje la intensidad’.

Podríamos dar muchos ejemplos: la causa Roxana Téves, donde se detiene ilegalmente a esta mujer, a sus tres hijos y a una persona que nunca tuvo una causa en la Justicia armándole una asociación ilícita para despojarla de bienes. La hacen firmar para que la dejen en libertad que renunciaba a hablar con la prensa, que renunciaba a sus derechos, una cosa realmente inaudita cuando hay jueces y fiscales que fueron parte del encubrimiento del crimen impune de Paulina Lebbos que siguen siendo parte del Poder Judicial y en algunos casos están jubilados con el 82% móvil.

Esto define la matriz de lo que ocurre en una porción importante del Poder Judicial: es muy claro que el poder político tiene un pleno manejo y que ningún juez, ningún fiscal ni ningún integrante del Poder Judicial puede avanzar una causa que involucre al poder político si previamente el poder político no le dice lo que tiene que hacer, porque si no hacen eso, corren la suerte de Pedicone y los echan del Poder Judicial.

Uno valora el voto del doctor Posse como el voto del legislador Walter Berarducci: hay curiosamente una reunión del vicegobernador con miembros de una comunidad y a los cinco días aparece una denuncia, un pedido de destitución a dos vocales de la Corte. Es raro, ¿no? Lo que firmaron también lo firmó (Antonio) Estofán pero a Estofán no le piden (la destitución). Todos sabemos, Tucumán es chico y todos sabemos que quien maneja los destinos de la Justicia es el gobernador de la Provincia y eso es grave".

Fuente: ElTucumano