Mientras crece la inquietud en el oficialismo, Manuel Adorni enfrentará su primer informe de gestión en Diputados el próximo 29 de abril, en un contexto marcado por una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
Pese a las dudas internas y el malestar entre aliados, desde el Gobierno confirmaron que no se suspende ni posterga su intervención en el Congreso, aunque persisten interrogantes sobre su continuidad en el cargo.
El funcionario está bajo la lupa por posibles inconsistencias entre su declaración jurada, la compra de propiedades y gastos en viajes al exterior, lo que generó preocupación incluso dentro de los espacios que respaldan al oficialismo.
En paralelo, se descartó que el presidente Javier Milei acompañe a Adorni en el recinto. Si bien el mandatario había expresado en redes su intención de estar presente, hasta el momento no hubo confirmación oficial de su asistencia.
De cara a la sesión, el jefe de Gabinete deberá responder más de 4.800 preguntas enviadas por los diputados, un número récord que anticipa una jornada extensa y tensa en la Cámara baja.
El presidente de Diputados, Martín Menem, evitó por ahora consultar a los bloques dialoguistas sobre el clima político, aunque en la oposición crece el impulso para interpelar a Adorni no solo por su situación patrimonial, sino también por el escándalo vinculado a la criptomoneda $LIBRA.
En sectores aliados como el PRO y la UCR, predomina la cautela a la espera de definiciones judiciales, aunque también aumenta la presión interna. Algunos legisladores ya plantean que el funcionario debería dar un paso al costado.
La preocupación también se trasladó al Senado. Allí, Patricia Bullrich tomó distancia de la situación al señalar que el jefe de Gabinete está “muy tocado”, aunque aclaró que su continuidad depende de la decisión presidencial.
En este escenario, la oposición evalúa avanzar con una moción de censura, mientras en el Congreso crecen las versiones sobre dificultades del oficialismo para negociar apoyos con los gobernadores.
Así, Adorni llegará al recinto en un contexto político adverso, donde no solo deberá defender su gestión, sino también responder por las denuncias en su contra, los reclamos de las provincias y el frente judicial que amenaza su continuidad.
