Según consta en la documentación oficial correspondiente al período 2024, el funcionario declara participaciones en compañías energéticas como Pampa Energía (controlada mayormente por el grupo de Marcelo Mindlin) por 5.794.800 pesos y Transportadora de Gas del Sur por 12.891.770,15. Se trata de firmas que operan dentro del sistema de transporte y distribución de gas natural en la Argentina, ámbito sobre el cual el ENARGAS ejerce funciones de regulación, control y supervisión.
Vale destacar que, según pudo saber REALPOLITIK, Bello desempeña tareas dentro de ENARGAS al menos desde el año 2015, llegando a desempeñarse como jefe de Análisis de Negocios y Estadísticas del organismo.
El dato no es menor. La ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública establece que los funcionarios deben abstenerse de intervenir en cuestiones en las que tengan intereses personales. En ese marco, el punto central no es únicamente la existencia de las inversiones —que fueron debidamente declaradas— sino si el funcionario participa en decisiones que impactan sobre esas compañías o si, en su defecto, se excusa formalmente.
La situación abre interrogantes sobre los mecanismos internos de control y prevención de conflictos de interés dentro del organismo, así como sobre la eventual utilización de información privilegiada en beneficio propio.
La declaración jurada también muestra una evolución patrimonial significativa. De acuerdo con los datos oficiales, el total de bienes pasó de 222.877.675,18 al inicio del período a 520.762.829,56 al cierre del mismo.
Dentro de esa estructura patrimonial se destacan activos en dólares —incluyendo una importante tenencia en efectivo que supera los 180 mil dólares—, depósitos en el exterior, particularmente en Uruguay, y una cartera de inversiones financieras diversificada que incluye participaciones en el sector energético.
A su vez, el funcionario declara ingresos anuales elevados, que superan los 180 millones de pesos, junto con operaciones financieras más complejas, como la participación en un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda a través de Fiduciaria de la Costa SA, bajo la modalidad de cesión de derechos.
Este tipo de instrumentos son habituales en desarrollos privados de gran escala y reflejan un perfil patrimonial con alto nivel de liquidez, diversificación y acceso a circuitos financieros tanto locales como externos. En ese contexto, el foco ya no se limita únicamente a las inversiones en empresas reguladas, sino también a la estructura general de un patrimonio fuertemente dolarizado y con presencia fuera del sistema financiero tradicional.
El caso se inscribe en un contexto más amplio de cuestionamientos recientes dentro del ENARGAS, donde distintas presentaciones judiciales y administrativas vienen poniendo el foco en la evolución patrimonial de funcionarios y en posibles incompatibilidades en el ejercicio de sus funciones. Tal es el caso de Eric Oscar Salomone Strunz, actual gerente de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales del ENARGAS, quien inicialmente fue denunciado por enriquecimiento ilícito y cuya situación derivó en una nueva investigación tras la rectificación de su DDJJ y la aparición de un crédito millonario.
En este escenario, la combinación de inversiones en empresas reguladas y un rol clave dentro del organismo encargado de supervisarlas configura un punto de atención que podría derivar en pedidos de aclaración o en nuevas presentaciones ante los organismos de control.
Por el momento, no existen imputaciones formales. Sin embargo, los datos surgen de documentación oficial y abren un debate que vuelve a poner en el centro de la escena la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y control dentro de los entes reguladores del estado.
