La situación cobró visibilidad esta semana durante la reunión conjunta de los gabinetes del gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta Rossana Chahla.
Política09 de mayo de 2025
Verdadiario
Una investigación interna iniciada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán desembocó en una denuncia penal por presunto fraude financiero por $ 500 millones, una cifra que correspondería a fondos provinciales transferidos en 2020 a una cuenta bancaria no oficializada y cuyo destino aún no pudo ser justificado.
El caso, que involucra a ex funcionarios de la administración de Germán Alfaro, quedó en manos de la Justicia penal y amenaza con convertirse en uno de los escándalos administrativos más resonantes de los últimos años en la capital tucumana.
La situación cobró visibilidad esta semana durante la reunión conjunta de los gabinetes del gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta Rossana Chahla. Sin embargo, el proceso comenzó nueve meses atrás, cuando el fiscal municipal Conrado Mosqueira, con el patrocinio del abogado Alfredo Falú, radicó la denuncia ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, tras detectar serias inconsistencias en los registros contables de la gestión anterior.
El 6 de agosto de 2024, el ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, notificó a la Municipalidad sobre un pasivo de $ 500 millones en concepto de asistencias financieras reintegrables otorgadas durante 2020 por medio de dos decretos firmados por el entonces gobernador Juan Manzur. Al revisar la documentación, los equipos técnicos del municipio constataron que sólo $ 250 millones estaban asentados en los libros contables.
La sorpresa fue mayor cuando, al solicitar información al Banco Macro, se descubrió que los $ 250 millones faltantes se habían girado a una cuenta bancaria abierta a nombre de la Municipalidad pero no registrada oficialmente, sin respaldo contable ni administrativo. Según la denuncia, esa misma cuenta recibió además otros $ 250 millones en concepto de fondos no reintegrables, entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, lo que eleva el total de fondos bajo sospecha a $ 500 millones.
Además, se detectaron cesiones de derechos sobre la coparticipación federal —firmadas por Alfaro bajo los números 310 y 228— por el mismo monto, sin intervención ni aprobación del Concejo Deliberante, como exige la Ley Orgánica de las Municipalidades. El contador general, Marcelo Albaca, remarcó que este tipo de financiamiento se concretó sin los avales correspondientes y pidió la intervención del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
El informe bancario reveló que la cuenta en cuestión fue abierta el 3 de junio de 2020 y cerrada el 11 de noviembre de 2024, sin que se haya registrado ninguno de los movimientos financieros en el sistema contable municipal. Entre los firmantes autorizados figuraban los entonces secretarios de Gobierno y de Hacienda, Luis Rodolfo Ocaranza y Carlos Domingo Gómez.
Consultado al respecto, Mosqueira precisó que los $ 500 millones en cuestión equivalían, al tipo de cambio de la época, a unos 3,8 millones de dólares. Confirmó que la denuncia fue ratificada ante el fiscal regional Fernando Blanno, aunque advirtió que el expediente no registra avances significativos. Por ese motivo, la Municipalidad evalúa convertirse en querellante para impulsar la causa.
El ex intendente Germán Alfaro, principal señalado en el expediente, negó conocer los hechos. “No recibí nada de la Justicia. Esto aparece justo cuando Chahla se pelea con Jaldo y empieza la campaña electoral. Tiene una obsesión conmigo”, dijo en declaraciones telefónicas. Además, recordó que ya había sido objeto de acusaciones similares por el manejo de fondos en el Consorcio Metropolitano Girsu, también sin resultados concretos hasta el momento.
Mientras tanto, la Fiscalía y los organismos de control siguen recopilando documentación para esclarecer el destino de los fondos públicos. La causa promete extenderse en el tiempo, mientras el cruce político entre oficialismo y oposición se intensifica con el calendario electoral en marcha.
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