
La Justicia imputó a cinco médicos del Centro de Salud por muerte culposa

Cinco médicos del Hospital Centro de Salud fueron imputados por la muerte de Francisco Molina, un hombre de 57 años que falleció en febrero de 2025 luego de haber acudido en reiteradas oportunidades a centros asistenciales por un severo cuadro abdominal. La investigación judicial busca determinar si hubo mala praxis y si la falta de una cirugía de urgencia derivó en el desenlace fatal. De comprobarse responsabilidades, los profesionales podrían enfrentar penas de hasta cinco años de prisión por el delito de homicidio culposo.
Molina era padre de tres hijos, trabajaba como docente en una fundación y esperaba con entusiasmo la llegada de su primer nieto. Según relató su familia, gozaba de buena salud hasta que comenzó a sentir fuertes dolores abdominales un viernes de febrero. Cinco días después, murió.
Un cuadro grave y una cirugía que nunca llegó
El 7 de febrero de 2025, Molina fue trasladado a la guardia del Hospital Avellaneda tras manifestar intensos dolores en el abdomen. Allí le diagnosticaron una hernia supraumbilical, una afección que ocurre cuando una porción del intestino atraviesa la pared muscular abdominal. De acuerdo con la denuncia, los médicos le indicaron que debía ser intervenido quirúrgicamente y ordenaron una interconsulta.
Sin embargo, cuatro días después, el cuadro empeoró. Molina regresó al Hospital Avellaneda con náuseas, sudoración y dolores aún más intensos. Una tomografía confirmó que presentaba un abdomen agudo quirúrgico y que necesitaba una operación de emergencia para salvarle la vida. Ante la falta de quirófano disponible, fue derivado de urgencia al Hospital Centro de Salud.
“Fuimos en ambulancia, con sirena y todo. Era una emergencia”, recordó Andrés Molina, uno de sus hijos.
Pero al llegar al nuevo hospital, según sostiene la acusación, el paciente no fue llevado al quirófano. La médica Agustina Suárez habría realizado únicamente una maniobra de reducción manual de la hernia, intentando reintroducir el intestino comprometido. Posteriormente, el jefe de guardia Adrián Orlando Rojas habría indicado medicación para aliviar los síntomas, entre ellos analgésicos y antiinflamatorios.
Horas más tarde, otra profesional dejó asentado en la historia clínica que el dolor había disminuido y que la inflamación cedía, por lo que se decidió otorgarle el alta médica, pese a que el diagnóstico previo indicaba la necesidad urgente de cirugía.
“Nosotros pensábamos que lo estaban operando. Nunca imaginamos que estaba sentado en una silla, con suero y retorciéndose de dolor”, relató Andrés.
El deterioro y la muerte
Tras regresar a su casa, Molina volvió a descompensarse cuando desapareció el efecto de los calmantes. Fue trasladado nuevamente al Hospital Avellaneda, donde sufrió un agravamiento crítico: comenzó con fallas respiratorias, debió ser intubado y padeció dos paros cardiorrespiratorios antes de fallecer.
“Si lo hubieran operado cuando correspondía, hoy mi padre estaría vivo”, sostuvo Francisco Molina hijo en la denuncia presentada ante la Justicia.
La familia asegura que siguió cada indicación médica y que jamás imaginó un desenlace tan abrupto. “Cinco días antes estaba perfectamente bien. Creemos que murió del dolor y de la demora en atenderlo”, expresó Andrés.
Sospechas de encubrimiento
La denuncia fue presentada con el patrocinio del abogado Juan Pablo Bello, quien solicitó que se investigara el accionar del personal del Centro de Salud. La causa quedó en manos de la fiscalía de Homicidios, encabezada por Pedro Gallo.
Uno de los elementos considerados clave en la investigación era el formulario de derivación elaborado por el Hospital Avellaneda, donde se detallaba el cuadro crítico del paciente y la necesidad de cirugía urgente. Sin embargo, cuando la fiscalía pidió el documento al Centro de Salud, desde el hospital respondieron que no se encontraba.
La desaparición de ese formulario motivó la apertura de una segunda causa por presunto encubrimiento contra personal del nosocomio.
Cinco imputados y una investigación inédita
Las causas fueron unificadas y la investigación avanzó rápidamente. Finalmente, quedaron imputados Adrián Orlando Rojas, Agustina de Lourdes Suárez, Julieta Mena, Martín Isaías Brito y Jorge Gustavo Salomón, acusados de homicidio culposo por presunta mala praxis médica.
El abogado de la familia destacó la rapidez con la que avanzó el expediente y señaló que el caso involucra a varios jefes médicos y a profesionales de distintos turnos.
Como parte de la causa, se realizó una junta médica que concluyó, entre otros puntos, que la derivación desde el Hospital Avellaneda había sido correcta; que en el Centro de Salud no se aplicaron los protocolos correspondientes para un abdomen agudo quirúrgico; y que el alta médica “no era prudente ni justificada”.
También se indicó que la maniobra manual realizada sobre la hernia no era recomendable ante signos de compromiso vascular y que debieron practicarse estudios complementarios en lugar de administrar calmantes.
Los especialistas concluyeron además que la muerte se produjo por un shock asociado a una hernia umbilical estrangulada y que la atención recibida “probablemente ocasionó el fallecimiento”.
El expediente generó fuerte repercusión en el ámbito judicial tucumano, ya que en las últimas décadas no hubo juicios orales por mala praxis médica en la provincia. Sólo un antecedente alcanzó esa instancia: el caso de Matías Juárez, el niño que murió en 2016 tras ingresar a una clínica privada para una cirugía de amígdalas.
“Queremos que no vuelva a pasar”
Mientras la causa avanza, la familia de Molina insiste en que el objetivo de la denuncia no es económico. “No queremos plata. Lo que perdimos no vuelve más”, afirmó Andrés.
La llegada de la primera nieta de Francisco trajo algo de alivio en medio del duelo, aunque el dolor continúa intacto. “Mis padres iban a cumplir 40 años de casados. Eran inseparables”, recordó.
“Lo único que buscamos es que nadie más tenga que pasar por algo así. Nadie merece morir de dolor sentado en una silla de hospital”, concluyó.


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