La cobertura de vacantes en la Justicia Federal de Tucumán dio un paso clave en el Senado de la Nación. La Comisión de Acuerdos emitió dictámenes favorables para los pliegos de los abogados Pablo Roberto Toledo y Ángel Roger Luna Roldán, propuestos por el Poder Ejecutivo Nacional para ocupar cargos de jueces de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.
Con esta decisión, ambos expedientes superaron las instancias de audiencia pública y evaluación de antecedentes, quedando en condiciones de ser tratados directamente por el pleno de la Cámara Alta mediante el correspondiente Orden del Día.
El avance adquiere especial relevancia en una jurisdicción que desde hace años enfrenta serias dificultades operativas debido a la falta de jueces titulares en el Tribunal Oral Federal. La situación se originó tras las salidas de los magistrados Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla —ya fallecido— y Alicia Noli, lo que dejó vacantes las tres vocalías permanentes del organismo.
Como consecuencia, el tribunal funciona actualmente con una integración compuesta exclusivamente por jueces subrogantes provenientes de otras provincias, quienes deben compatibilizar sus tareas con las responsabilidades de sus tribunales de origen. En la actualidad, el cuerpo está integrado por la cordobesa Cristina Giordano, el santiagueño Federico Bothamley y la jujeña Marta Liliana Snopek, quien desarrolla funciones en Salta.
Esta modalidad de funcionamiento ha generado demoras en la realización de juicios orales vinculados a causas complejas de narcotráfico, trata de personas y corrupción, debido a las dificultades para coordinar agendas y garantizar la continuidad de los procesos.
Uno de los pliegos analizados, el de Ángel Roger Luna Roldán, atravesó un proceso de revisión que incluyó diversas observaciones durante el período de participación ciudadana habilitado por el Senado. Entre las presentaciones recibidas se destacó la impugnación formulada por el abogado Emilio Guagnini.
El planteo estuvo centrado en la situación familiar del postulante, casado con Patricia Moltini, actual jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Según la objeción presentada, la eventual designación podría generar conflictos de incompatibilidad dentro del esquema previsto por el nuevo Código Procesal Penal Federal, ya que ambos magistrados podrían intervenir en distintas etapas de un mismo expediente.
La impugnación sostuvo que esa circunstancia obligaría a reiteradas excusaciones y podría afectar el normal funcionamiento de los tribunales, provocando demoras y dificultades en la administración de justicia.
Luna Roldán respondió formalmente ante la Comisión de Acuerdos y rechazó los cuestionamientos. En su descargo argumentó que la normativa vigente impide la actuación simultánea de familiares dentro de un mismo tribunal colegiado, pero no establece restricciones para magistrados que desempeñan funciones en organismos distintos y pertenecientes a diferentes instancias judiciales.
Asimismo, afirmó que la imparcialidad judicial constituye una garantía individual y personal, por lo que las decisiones adoptadas por otro magistrado, aun cuando exista un vínculo familiar, no condicionan ni afectan el criterio jurídico propio.
El postulante también citó antecedentes de otras jurisdicciones del país donde magistrados con vínculos familiares desarrollan funciones en distintos tribunales sin que ello haya generado impedimentos legales. Además recordó que su candidatura ya había sido evaluada previamente por el Consejo de la Magistratura con pleno conocimiento de su situación familiar.
Tras analizar las impugnaciones, las respuestas presentadas y el desempeño de los candidatos durante la audiencia pública realizada el 30 de junio, la Comisión de Acuerdos concluyó que ambos postulantes reúnen las condiciones necesarias para ejercer el cargo y recomendó al Senado prestar el acuerdo correspondiente.
Con los dictámenes ya firmados e incorporados a los Órdenes del Día N° 200 y 204, los pliegos quedaron a la espera de una futura sesión de la Cámara Alta, donde deberán obtener la aprobación definitiva para que los nuevos jueces puedan asumir sus funciones.
Pese a este avance, el proceso de normalización de la Justicia Federal tucumana aún está lejos de completarse. Continúa vacante una tercera vocalía del Tribunal Oral Federal, correspondiente al cargo que ocupaba Carlos Jiménez Montilla, para la cual todavía no se abrió un nuevo concurso.
También permanecen sin cobertura definitiva otros cargos considerados estratégicos. Entre ellos se encuentra el Juzgado Federal N° 1, con competencia electoral, cuya terna de candidatos está integrada por Carlos Ezequiel Oneto, Carlos Eduardo Saltor y Solana Esther Casella. Mientras tanto, el tribunal continúa siendo subrogado por José Manuel Díaz Vélez.
Por su parte, el Juzgado Federal N° 2 sigue bajo la conducción provisoria del magistrado catamarqueño Guillermo Díaz Martínez. En ese concurso existe una orden de mérito provisoria encabezada por Pablo Roberto Toledo, seguido por Martín Eugenio Abdala y Andrés Agustín Da Rold, con Gonzalo Stordeur en cuarto lugar.
A estas vacantes se suma además la falta de un fiscal titular ante el Tribunal Oral Federal, otra de las posiciones clave que todavía aguarda una definición dentro del sistema judicial federal de Tucumán.
