Utilizó a su hijo de 15 años para tratar de ingresar droga al Penal de Varones
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Una exgerenta del Subsidio de Salud destinó fondos públicos a consumos privados
La ex gerenta Nélida Patricia Rodríguez del Subsidio de Salud de Tucumán admitió haber utilizado fondos públicos para gastos personales y fue condenada a dos años y seis meses de prisión condicional, además de recibir una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La mujer reconoció haber usado una tarjeta corporativa del organismo estatal para financiar compras, viajes y consumos particulares por más de $ 5 millones y más de U$S 1.300.
La Justicia condenó a una ex gerente del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST) tras homologar un acuerdo de juicio abreviado celebrado entre la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, conducida por el fiscal Fernando Blanno, la acusada y su defensa, con el aval de la querella.
La mujer, identificada como Rodríguez, recibió una pena de cumplimiento condicional, por lo que no irá a prisión. No obstante, deberá respetar una serie de reglas de conducta y realizar trabajos comunitarios ad honorem en la cooperadora del Hospital Avellaneda.
Durante la audiencia, la auxiliar fiscal Daniela Briz Tomás detalló que la imputada se desempeñaba como gerente de Administración del Subsidio de Salud y tenía asignada una tarjeta corporativa del Banco Macro destinada exclusivamente a afrontar pagos institucionales y obligaciones con proveedores del organismo.
La pesquisa estableció que entre el 19 de junio de 2021 y el 24 de agosto de 2022 la ex funcionaria efectuó gastos particulares con esa tarjeta. Entre los consumos observados figuran compras de ropa, medicamentos, plataformas digitales y de entretenimiento, pasajes aéreos e incluso operaciones realizadas fuera del país.
Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que no se trató de episodios aislados, sino de una conducta sostenida en el tiempo que implicó un “abuso de confianza funcional”. Además, remarcaron que los mecanismos internos de control del organismo no detectaron las irregularidades mientras la acusada continuaba manejando recursos estatales.
De acuerdo con el cálculo de la fiscalía, el perjuicio económico ocasionado al IPSST asciende a $5.038.466,32 y U$S 1.356,67.
En el marco del proceso judicial, Rodríguez admitió su responsabilidad penal, lo que permitió avanzar con el acuerdo abreviado que finalmente fue aceptado y homologado por la magistrada interviniente.
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