La embestida judicial del gobierno contra Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un capítulo que podría ser decisivo. El fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico avaló la posibilidad de aplicar el mecanismo de "reparación integral del perjuicio", una herramienta legal que encamina el expediente hacia una resolución sin consecuencias penales para las máximas autoridades del fútbol local.
La postura fue fijada por el fiscal general Gabriel Pérez Barberá a través de un memorial presentado ante la Sala A de la Cámara. El dictamen responde al planteo inicial de la defensa de Pablo Toviggino, al cual se adhirieron posteriormente el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y los dirigentes Víctor Blanco, Gustavo Lorenzo y Cristian Malaspina. Las defensas solicitaban extinguir la acción penal basándose en el pago de las obligaciones tributarias y previsionales que estaban siendo investigadas.
El argumento de la resolución del fiscal de segunda instancia favorece el argumento de los dirigentes. El eje de la discusión radicaba en si este beneficio penal podía aplicarse a delitos de índole fiscal, sobre todo ante la expresa oposición de la ARCA.
En su dictamen, Pérez Barberá argumentó que la reciente reforma del Régimen Penal Tributario (impulsada mediante la Ley 27.799) excluyó el beneficio de la reparación integral únicamente para ciertos delitos específicos. Sin embargo, dejó afuera de esa prohibición a los artículos 4 y 7, que son justamente las figuras de evasión e irregularidades que se investigan en este expediente.
“El legislador no incluyó a los delitos investigados en esta causa entre aquellos respecto de los cuales expresamente prohibió la aplicación de la reparación integral del perjuicio”, remarcó el fiscal general, contradiciendo el criterio de "especialidad" que había utilizado el juez de primera instancia para rechazar el pedido de los directivos en un comienzo.
"La exclusión de estos delitos de la prohibición en cuestión contradice entonces, incluso, lo sostenido por el juez a quo en torno al argumento de la especialidad", afirmó el dictamen de la fiscal.
A pesar de abrir la puerta legal para el cierre definitivo del caso, la representante del Ministerio Público Fiscal le puso un condicionamiento a las pretensiones de Tapia y compañía. Pérez Barberá dictaminó que los pagos realizados hasta el momento por las defensas no son suficientes para considerarse una "reparación integral".
"Lo cierto es que los pagos aludidos por las defensas no resultan suficientes para ser tenidos como una reparación integral del perjuicio", sentencia en este aspecto el dictamen.
Según el funcionario, el daño causado por la evasión tributaria no se agota con saldar la deuda fiscal nominal, sino que genera un perjuicio mucho más amplio en el funcionamiento general de la hacienda pública. Por este motivo, el fiscal propuso formalmente la apertura de un proceso paralelo para determinar con precisión cuál debe ser el monto económico real que los imputados deberán desembolsar para que la causa quede efectivamente extinta.
Con este aval condicionado del Ministerio Público, la pelota quedó ahora del lado de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.
El tribunal de alzada dictará el fallo final y resolverá si convalida el criterio del fiscal, habilita el mecanismo de reparación integral y fija las pautas financieras para que la conducción de la AFA pueda cerrar su frente judicial de manera definitiva y sin antecedentes penales.
Una causa con irregularidades
Desde el inicio, la causa que tiene el juez Diego Amarante y donde procesó a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino por la presunta apropiación de más de $19.000 millones en aportes entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 estuvo llena de irregularidades. Incluso el fallo donde dictó los procesamientos llamó la atención en tribunales por la escasa argumentación que contenía.
Amarante fue también quien rechazó, en línea con ARCA, la posibilidad de resolver el caso a través del mecanismo de reparación, a pesar de la postura que tuvo el fiscal de primera instancia.
Fue por ese motivo que las defensas recurrieron ante la Cámara en lo Penal Económico, ante otra decisión que en tribunales llamó la atención por sus argumentos endebles.
