Aterricé hoy en la Argentina y comencé a recorrer sus calles, hice primero una pregunta elemental: “¿Cómo puede vivir la gente así?”.
No es una pregunta ideológica. Es matemática.
Vi supermercados llenos, pero changuitos semivacíos. Vi estaciones de servicio iluminadas como templos modernos, aunque muchos conductores cargan apenas lo indispensable para llegar al viernes. Escuché conversaciones obsesionadas con promociones, cuotas, descuentos y aplicaciones para sobrevivir al precio del pan, de la leche o del alquiler. Y descubrí, desconcertado, que en uno de los países que produce alimentos para cientos de millones de personas, comer se convirtió en un problema cotidiano.
No entiendo el fenómeno argentino. Porque desde afuera, los discursos oficiales hablan de estabilización, orden macroeconómico, superávit fiscal y control de la inflación. Pero basta una caminata por cualquier barrio del país para comprender que la economía real y la vida real no siempre coinciden.
La Argentina de hoy tiene salarios latinoamericanos y precios europeos.
Y esa combinación socialmente explosiva explica buena parte del malestar contemporáneo.
En noviembre de 2023, antes del cambio de gobierno, el deterioro económico ya era profundo. La inflación acumulada de años había erosionado brutalmente los ingresos. Sin embargo, desde entonces, el ajuste aplicado por la administración de Javier Milei acelera un fenómeno singular: los precios se disparan mucho más rápido que los salarios.
El trabajador argentino promedio pierde capacidad de compra frente a casi todo: alimentos, servicios, transporte, medicamentos, alquileres y tarifas.
La paradoja es brutal. La inflación comienza a desacelerarse en términos porcentuales mensuales, pero el costo de vida se vuelve más pesado para millones de personas.
Observo algo extraño: los números oficiales hablan de “normalización”, mientras los ciudadanos viven una permanente sensación de asfixia.
Tomé ejemplos concretos.
Entre noviembre de 2023 y la actualidad, los combustibles multiplican varias veces su valor. Lo mismo ocurre con la electricidad, el gas y el transporte. Las tarifas dejan de estar subsidiadas en gran medida y el impacto cae directamente sobre hogares de ingresos medios y bajos. Una familia que antes destinaba una parte manejable de sus ingresos a servicios públicos hoy debe reorganizar toda su economía doméstica para pagar luz, gas o internet.
Los alimentos tampoco dan tregua. Carne, lácteos, aceite, harina, verduras y productos básicos suben a ritmos muy superiores a las recomposiciones salariales. En muchos hogares ya no se discute qué comer, sino qué resignar.
Descubro entonces un fenómeno típicamente argentino: la administración permanente de la escasez.
Personas que trabajan todo el día y aun así no llegan a fin de mes. Profesionales que dejan de pertenecer a la clase media tradicional. Jubilados que cuentan monedas frente a la farmacia. Padres que reducen consumos esenciales para pagar alquileres imposibles.
Porque el alquiler merece un capítulo aparte.
La desregulación del mercado inmobiliario produce un aumento significativo de la oferta, algo celebrado por el oficialismo como una corrección necesaria. Pero también consolida valores inaccesibles para amplios sectores urbanos. Para miles de familias, alquilar pasa a representar más de la mitad del ingreso mensual. El resultado es visible: convivencia forzada, jóvenes que no pueden independizarse y una angustia habitacional creciente.
Recorro, también, hospitales públicos.
Allí veo médicos agotados, guardias saturadas y pacientes que abandonan la medicina privada porque ya no pueden pagarla. La crisis del sistema de salud no comienza con este gobierno, pero el ajuste presupuestario profundiza carencias estructurales. Medicamentos más caros, cobertura reducida y deterioro salarial del personal sanitario forman parte de una ecuación delicada.
Luego visito una Universidad.
Escucho clases dadas por docentes cuyos ingresos pierden enorme poder adquisitivo. Veo edificios con problemas de mantenimiento y estudiantes organizando colectas para sostener actividades básicas. Descubro entonces otro rasgo argentino: mientras el discurso oficial reivindica el mérito y la eficiencia, el financiamiento de la educación superior pública atraviesa una de sus etapas más críticas desde el retorno democrático.
Las rutas tampoco escapan a mi mirada curiosa.
El deterioro vial, la paralización de obras públicas y el abandono de infraestructura revelan otro efecto del ajuste extremo: el Estado deja de invertir no sólo en expansión, sino también en conservación. Y cuando un país deja de mantener lo que ya tiene, el deterioro se vuelve acumulativo y socialmente costoso.
El gobierno sostiene que el sacrificio es inevitable. Que no existe otra salida después de décadas de déficit, inflación crónica y populismo económico. Y es cierto que la Argentina arrastra desequilibrios profundos desde hace muchos años. Negarlo sería intelectualmente deshonesto.
Pero otra cosa distinta es asumir que cualquier nivel de sufrimiento social resulta aceptable en nombre del orden macroeconómico.
Ahí aparece la gran discusión de época.
¿Puede una sociedad soportar indefinidamente un ajuste donde los sectores más vulnerables cargan con la mayor parte del peso?
¿Es sostenible una estabilización económica que deteriora el consumo, debilita jubilaciones y reduce la capacidad operativa del Estado?
¿Hasta qué punto el equilibrio fiscal puede transformarse en un objetivo desligado de las consecuencias humanas?
El marciano probablemente no comprende las peleas ideológicas argentinas. No entiendo el fanatismo político ni la lógica tribal de oficialistas y opositores. Pero sí entiende algo elemental: una comunidad no puede organizarse únicamente alrededor del sacrificio permanente.
Porque incluso quienes apoyan al gobierno empiezan a convivir con una contradicción cotidiana. Pueden respaldar el rumbo económico general y al mismo tiempo sentir que la vida se volvió demasiado difícil.
La Argentina parece haberse acostumbrado a naturalizar lo extraordinario.
Naturaliza que un jubilado elija entre comer o comprar remedios.
Naturaliza que un trabajador formal sea pobre.
Naturaliza que estudiar, alquilar o atenderse médicamente se conviertan en privilegios relativos.
Y quizás eso sea lo más inquietante.
Antes de regresar a mi planeta, dejo una última reflexión: ninguna sociedad se rompe solamente por las crisis económicas. Las sociedades empiezan a quebrarse cuando el dolor cotidiano deja de sorprender.
Ahí es cuando el ajuste deja de ser una política económica y comienza a convertirse en una forma de resignación colectiva.
