El video, capturado por vecinos del lugar, expuso la complejidad que enfrentan las fuerzas de seguridad en este tipo de intervenciones y encendió opiniones contrapuestas sobre el accionar de los efectivos.
El procedimiento, que requirió el despliegue de varias unidades policiales en el sector, se viralizó rápidamente debido a la espectacularidad y el peligro inherente de las maniobras utilizadas por el personal actuante para reducir y salvaguardar la integridad de la persona afectada.
El debate en las plataformas digitales se dividió marcadamente entre quienes defendieron y quienes criticaron el procedimiento. Por un lado, un sector de los usuarios destacó el esfuerzo de los uniformados para evitar consecuencias fatales o que el individuo se infligiera daños mayores, considerando que las situaciones de alta agitación psicomotriz demandan respuestas físicas rápidas ante la inminencia del peligro.
En la vereda opuesta, agrupaciones de derechos humanos y profesionales del ámbito de la salud mental alzaron la voz para cuestionar si los métodos utilizados se ajustan a la legislación vigente —como la Ley Nacional de Salud Mental 26.657—.
Quienes critican estas acciones señalan que la falta de equipos especializados interdisiciplinarios (médicos, psicólogos o negociadores) y el uso exclusivo de la fuerza física policial pueden potenciar el nivel de estrés de los pacientes y agravar el desenlace de la crisis.
El suceso pone de manifiesto la necesidad de seguir aceitando las capacitaciones en primeros auxilios psicológicos y desescalada verbal para las patrullas que responden en primera línea a los llamados de emergencias urbanas.
